El gobierno presentó este jueves el proyecto de Ley de Empleo Integral, una iniciativa que busca ampliar el acceso al trabajo mediante subsidios a empresas privadas que contraten a personas de grupos prioritarios, sustituyendo la normativa vigente de promoción del empleo.
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el presidente Yamandú Orsi junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quienes destacaron que el nuevo enfoque pone el foco en las personas y no únicamente en las modalidades de contratación.
“El eje del cambio es pasar de una lógica centrada en los contratos a una centrada en las personas”, sostuvo Orsi, al tiempo que explicó que la propuesta apunta a sectores con mayores dificultades de inserción laboral, como jóvenes sin experiencia, mujeres jefas de hogar y mayores de 50 años.
Subsidios y población objetivo
El proyecto establece subsidios al salario que van desde el 25% hasta el 80%, dependiendo de la situación del trabajador contratado. Entre los principales beneficiarios se incluyen:
Jóvenes de entre 15 y 29 años, especialmente quienes buscan su primer empleo.
Mujeres jefas de hogares monoparentales.
Personas mayores de 50 años con dificultades para reinsertarse laboralmente.
Personas afrodescendientes, trans y con discapacidad.
Personas privadas de libertad o recientemente liberadas (hasta tres años).
Según detalló Castillo, los mayores niveles de subsidio —de hasta el 80% del salario— estarán destinados a los casos de mayor vulnerabilidad, mientras que en otros casos los aportes serán parciales y escalonados.
Incentivos a empresas
La iniciativa busca incentivar especialmente a pequeñas y medianas empresas, mediante aportes económicos directos sobre las retribuciones mensuales. Además:
Se fija un tope general de 3,7 BPC por contratación.
Las empresas de hasta 19 trabajadores podrán acceder a subsidios extendidos por hasta 18 meses.
Los contratos deberán tener una duración de entre 6 y 12 meses.
El objetivo, según el Ejecutivo, es generar condiciones para que el sector privado amplíe la oferta laboral con respaldo del Estado.
Condiciones laborales y formación
El proyecto también incorpora garantías laborales específicas, como la limitación de jornadas para menores de edad y la prohibición de horarios rotativos en determinados casos.
A su vez, las personas contratadas bajo este régimen tendrán prioridad en programas de capacitación y certificación laboral a través de organismos como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), así como acceso a propuestas educativas para culminar ciclos formativos.
Sector público y programas existentes
La ley regula además el programa “Yo Estudio y Trabajo”, estableciendo un sistema de ingreso por sorteo y cuotas para distintos colectivos. En este marco, los organismos públicos deberán destinar al menos el 50% de sus becas y pasantías a jóvenes incluidos en este régimen.
Apoyo a emprendimientos
Otro de los componentes es el respaldo a emprendimientos recientes, que podrán acceder a subsidios de hasta el 50% de los aportes patronales, siempre que estén integrados mayoritariamente por personas de los grupos contemplados.
Financiamiento
El financiamiento provendrá en parte de Inefop, que destinará hasta 10 millones de dólares anuales para cubrir los subsidios. También participarán otros organismos como INACOOP y ANDE, según el tipo de beneficiario.
El proyecto será enviado al Parlamento para su discusión y eventual aprobación, con la intención del Ejecutivo de que la norma rija durante todo el período de gobierno.