Un grupo de 31 legisladores del Parlamento Europeo envió una carta al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la que solicitan la liberación de militares, policías y civiles detenidos por delitos cometidos durante la última dictadura (1972-1985).
En la misiva, los eurodiputados califican a los detenidos como “presos políticos” y exigen el cese inmediato de los procesos judiciales en curso, argumentando que estos contravienen el espíritu de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Además, advierten que, de no registrarse avances, promoverán acciones contra Uruguay en ámbitos internacionales, incluido el propio Parlamento Europeo.
El texto señala que los firmantes buscan un diálogo “constructivo”, aunque sostienen que la falta de cambios podría derivar en “medidas adicionales” para visibilizar la situación. Si bien no se detallan cuáles serían esas medidas, los legisladores informaron que ya se inició una investigación sobre fondos europeos destinados a Uruguay, bajo el argumento de que podrían estar siendo utilizados “para desestabilizar a una nación democrática soberana”.
Los eurodiputados también sostienen que la continuidad de estos procesos judiciales, más de cinco décadas después del período dictatorial, pone en riesgo el clima de reconciliación alcanzado en el país.
La iniciativa fue impulsada por el legislador alemán Markus Buchheit, integrante del partido Alternativa para Alemania, quien ya había manifestado previamente su preocupación por el funcionamiento del sistema judicial uruguayo en estos casos.
La carta cuenta con adhesiones de parlamentarios pertenecientes a distintos partidos y países europeos, entre ellos Austria, Polonia, Italia, Bélgica, Hungría, República Checa, Países Bajos, Lituania y Eslovenia, en su mayoría identificados con corrientes de ultraderecha.
Para contextualizar estas corrientes políticas, el politólogo Franco Delle Donne, especialista en derechas radicales, explicó que el término ultraderecha engloba a los partidos ubicados más allá de la derecha democrática. Dentro de este espectro, diferenció entre derecha radical —que actúa dentro del sistema democrático aunque pueda erosionarlo— y extrema derecha, que directamente se posiciona en contra del sistema.
El Parlamento Europeo está compuesto por 720 diputados, por lo que el grupo firmante representa una minoría dentro del cuerpo legislativo.