Un movimiento ciudadano independiente denominado “Orientales por Justicia y Equidad” presentó una iniciativa de plebiscito con miras a 2029 que propone una reforma constitucional orientada a reducir el gasto político y modificar la estructura del sistema institucional en Uruguay. La propuesta, que según sus impulsores no cuenta con vínculos ni financiamiento de partidos tradicionales, plantea una serie de cambios enfocados en la austeridad, la transparencia y la reconfiguración del funcionamiento del Parlamento. Bajo la consigna de que el liderazgo debe ejercerse con el ejemplo, el grupo promueve una adecuación de los beneficios y salarios de la dirigencia a la realidad económica del país. Entre los principales puntos del proyecto se destaca la reducción del 30% en las remuneraciones de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo y Legislativo, incluyendo Presidente, Vicepresidente, ministros, senadores, diputados e intendentes. A su vez, se establecen topes salariales vinculados al Salario Mínimo Nacional, con límites diferenciados según cada función. En materia estructural, la iniciativa propone una disminución en la cantidad de legisladores: la Cámara de Representantes pasaría a tener 57 integrantes, mientras que el Senado quedaría conformado por 19 miembros. Además, se plantea limitar las reelecciones para fomentar la renovación política. El proyecto también incorpora medidas vinculadas a la integridad en la función pública. En ese sentido, se incluye un criterio de “Ficha Limpia”, que impediría la postulación de personas procesadas por corrupción u otros delitos graves, salvo que demuestren su inocencia ante la Justicia. Asimismo, se establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos de aquellos jerarcas destituidos por mala gestión o negligencia. Otro de los ejes apunta al fortalecimiento de los organismos de contralor. La propuesta otorga mayores potestades al Tribunal de Cuentas, habilitándolo no solo a observar sino también a sancionar gastos públicos considerados irregulares o innecesarios. En cuanto a los beneficios posteriores al ejercicio del cargo, se prevé la eliminación de las pensiones políticas vitalicias y una reducción de las compensaciones, que quedarían limitadas al 50% del último salario por un período máximo de seis meses. Finalmente, el planteo incluye cambios en el financiamiento de los partidos políticos. Se propone establecer topes al aporte estatal por voto obtenido y prohibir donaciones de empresas o terceros, promoviendo que las colectividades se financien exclusivamente a través de aportes de sus afiliados. La iniciativa deberá ahora recorrer las etapas correspondientes para habilitar la convocatoria a plebiscito, en un proceso que requerirá la recolección de firmas y el cumplimiento de los requisitos constitucionales vigentes. El planteo ya comienza a generar debate en el ámbito político y social sobre el alcance y la viabilidad de los cambios propuestos.
