La Comisión de Defensa Nacional del Senado resolvió convocar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a instancias del senador nacionalista Javier García, con el objetivo de profundizar en los alcances de los proyectos vinculados a seguridad fronteriza y sistema penitenciario.
El eje central del planteo gira en torno a una iniciativa impulsada por el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, que propone reforzar de manera sustancial la vigilancia en la frontera con Brasil, entre los que se encuentran en el departamento de Cerro Largo.
Según adelantó García, el proyecto apunta a duplicar la franja de territorio bajo control militar, pasando de los actuales 20 a 40 kilómetros desde la línea limítrofe. Esta medida tendría un impacto directo en zonas sensibles del noreste del país, donde históricamente se registran problemáticas vinculadas al contrabando, narcotráfico y otros delitos transfronterizos.
El senador sostuvo que, si bien su sector ya presentó una propuesta en ese sentido, aún no se conocen detalles concretos del plan elaborado por el Poder Ejecutivo. En ese marco, la comparecencia de Lazo buscará esclarecer cómo se implementará este aumento del despliegue militar, qué recursos se destinarán y cuál será la coordinación operativa entre las Fuerzas Armadas y la Policía.
En departamentos como Cerro Largo, donde la frontera con Brasil es extensa y de difícil control, el eventual aumento de la presencia militar genera expectativa en materia de seguridad. Autoridades y actores locales han señalado reiteradamente la necesidad de fortalecer los controles para frenar actividades ilícitas que afectan la economía formal y la convivencia social.
Desde el oficialismo se entiende que ambas medidas —el refuerzo del control fronterizo y la creación de nuevas infraestructuras penitenciarias— forman parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado. No obstante, la falta de detalles ha generado cuestionamientos desde la oposición, que reclama definiciones claras sobre el alcance y la viabilidad de los proyectos.
La convocatoria a la ministra Lazo se perfila así como una instancia clave para conocer en profundidad una iniciativa que podría redefinir el esquema de seguridad en la frontera noreste del país, con incidencia en Cerro Largo y su vínculo cotidiano con Brasil.
La Comisión de Defensa Nacional del Senado resolvió convocar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a instancias del senador nacionalista Javier García, con el objetivo de profundizar en los alcances de los proyectos vinculados a seguridad fronteriza y sistema penitenciario. El eje central del planteo gira en torno a una iniciativa impulsada por el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, que propone reforzar de manera sustancial la vigilancia en la frontera con Brasil, entre los que se encuentran en el departamento de Cerro Largo. Según adelantó García, el proyecto apunta a duplicar la franja de territorio bajo control militar, pasando de los actuales 20 a 40 kilómetros desde la línea limítrofe. Esta medida tendría un impacto directo en zonas sensibles del noreste del país, donde históricamente se registran problemáticas vinculadas al contrabando, narcotráfico y otros delitos transfronterizos. El senador sostuvo que, si bien su sector ya presentó una propuesta en ese sentido, aún no se conocen detalles concretos del plan elaborado por el Poder Ejecutivo. En ese marco, la comparecencia de Lazo buscará esclarecer cómo se implementará este aumento del despliegue militar, qué recursos se destinarán y cuál será la coordinación operativa entre las Fuerzas Armadas y la Policía. En departamentos como Cerro Largo, donde la frontera con Brasil es extensa y de difícil control, el eventual aumento de la presencia militar genera expectativa en materia de seguridad. Autoridades y actores locales han señalado reiteradamente la necesidad de fortalecer los controles para frenar actividades ilícitas que afectan la economía formal y la convivencia social. Desde el oficialismo se entiende que ambas medidas —el refuerzo del control fronterizo y la creación de nuevas infraestructuras penitenciarias— forman parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado. No obstante, la falta de detalles ha generado cuestionamientos desde la oposición, que reclama definiciones claras sobre el alcance y la viabilidad de los proyectos. La convocatoria a la ministra Lazo se perfila así como una instancia clave para conocer en profundidad una iniciativa que podría redefinir el esquema de seguridad en la frontera noreste del país, con incidencia en Cerro Largo y su vínculo cotidiano con Brasil.
