La creciente presencia de personas en situación de calle en Punta del Este encendió señales de alerta tanto a nivel local como nacional, en un contexto donde el Gobierno prepara un paquete de medidas para enfrentar una problemática social en expansión.
En la península, vecinos, comerciantes y turistas advierten un deterioro visible en espacios emblemáticos como la Plaza Artigas, la avenida Gorlero y zonas cercanas al puerto y al faro. La ocupación de locales abandonados, veredas y bancos públicos se ha vuelto más frecuente, generando preocupación por el impacto en la convivencia y en la imagen del principal balneario del país.
Residentes señalan que el fenómeno se ha intensificado en el último tiempo, mientras que operadores turísticos advierten que la situación ya incide en la percepción de los visitantes. Si bien no siempre se registran hechos delictivos, crece la sensación de inseguridad y el reclamo por una respuesta coordinada entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social.
Este escenario local se da en paralelo a una preocupación a nivel nacional. El presidente Yamandú Orsi anunciará nuevas medidas junto al titular del Mides, Gonzalo Civila, tras una serie de reuniones interinstitucionales que incluyeron al Ministerio del Interior y a ASSE.
La estrategia en elaboración busca abordar el problema de forma integral, incorporando dimensiones como salud mental, adicciones, seguridad y reinserción social. Según trascendió, el plan se apoyará en la experiencia acumulada durante la alerta roja de 2025 y promoverá una mayor participación de distintos organismos del Estado, evitando concentrar la respuesta únicamente en el Mides.
Datos recientes del Ministerio del Interior reflejan la magnitud del fenómeno: entre enero y marzo de 2026 se identificaron más de 1.500 personas en situación de calle, con intervenciones en más de 1.100 puntos, principalmente en Montevideo. A su vez, el último censo de 2023 ya mostraba un crecimiento sostenido, con más de 2.700 personas en la capital, el doble que en 2016.
Desde el oficialismo se reconoce la urgencia de actuar ante una problemática vinculada a múltiples factores, entre ellos la salida de personas del sistema penitenciario y el consumo de sustancias. En tanto, desde la oposición y organizaciones sociales se advierte sobre un “desborde” y dificultades en la continuidad de programas, incluyendo atrasos en pagos a ONG que trabajan en la atención de esta población.
En este contexto, la situación en Punta del Este aparece como una señal de alerta sobre la expansión territorial del fenómeno, que ya no se limita a la capital sino que comienza a impactar en otros puntos clave del país, reforzando la necesidad de medidas urgentes y coordinadas a nivel nacional.
La creciente presencia de personas en situación de calle en Punta del Este encendió señales de alerta tanto a nivel local como nacional, en un contexto donde el Gobierno prepara un paquete de medidas para enfrentar una problemática social en expansión. En la península, vecinos, comerciantes y turistas advierten un deterioro visible en espacios emblemáticos como la Plaza Artigas, la avenida Gorlero y zonas cercanas al puerto y al faro. La ocupación de locales abandonados, veredas y bancos públicos se ha vuelto más frecuente, generando preocupación por el impacto en la convivencia y en la imagen del principal balneario del país. Residentes señalan que el fenómeno se ha intensificado en el último tiempo, mientras que operadores turísticos advierten que la situación ya incide en la percepción de los visitantes. Si bien no siempre se registran hechos delictivos, crece la sensación de inseguridad y el reclamo por una respuesta coordinada entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social. Este escenario local se da en paralelo a una preocupación a nivel nacional. El presidente Yamandú Orsi anunciará nuevas medidas junto al titular del Mides, Gonzalo Civila, tras una serie de reuniones interinstitucionales que incluyeron al Ministerio del Interior y a ASSE. La estrategia en elaboración busca abordar el problema de forma integral, incorporando dimensiones como salud mental, adicciones, seguridad y reinserción social. Según trascendió, el plan se apoyará en la experiencia acumulada durante la alerta roja de 2025 y promoverá una mayor participación de distintos organismos del Estado, evitando concentrar la respuesta únicamente en el Mides. Datos recientes del Ministerio del Interior reflejan la magnitud del fenómeno: entre enero y marzo de 2026 se identificaron más de 1.500 personas en situación de calle, con intervenciones en más de 1.100 puntos, principalmente en Montevideo. A su vez, el último censo de 2023 ya mostraba un crecimiento sostenido, con más de 2.700 personas en la capital, el doble que en 2016. Desde el oficialismo se reconoce la urgencia de actuar ante una problemática vinculada a múltiples factores, entre ellos la salida de personas del sistema penitenciario y el consumo de sustancias. En tanto, desde la oposición y organizaciones sociales se advierte sobre un “desborde” y dificultades en la continuidad de programas, incluyendo atrasos en pagos a ONG que trabajan en la atención de esta población. En este contexto, la situación en Punta del Este aparece como una señal de alerta sobre la expansión territorial del fenómeno, que ya no se limita a la capital sino que comienza a impactar en otros puntos clave del país, reforzando la necesidad de medidas urgentes y coordinadas a nivel nacional.
