El gobierno nacional reconoció la gravedad del aumento de personas en situación de calle y anunció un cambio de enfoque para intentar contener una problemática que definió como “un problema país”. El presidente Yamandú Orsi respaldó públicamente al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y presentó junto a él la denominada “Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle”.
La reacción del Ejecutivo se produjo tras cuestionamientos surgidos incluso dentro del oficialismo. El dirigente Rafael Michelini había manifestado días atrás su preocupación por la persistencia de personas durmiendo en la vía pública, reclamando medidas urgentes.
Durante la presentación, Orsi fue enfático al señalar que “vivir en calle no es una opción” y reconoció que la magnitud del problema es mayor a la prevista. Según datos oficiales, en la última década la cantidad de personas en esta situación se triplicó. Mientras que en años anteriores se hablaba de unas 3.000 personas asistidas, en 2025 la cifra alcanzó las 13.597, lo que representa un aumento del 20% respecto a registros previos.
“El problema no es chico y es a nivel nacional. Lo que venimos haciendo no alcanza para resolverlo”, admitió el mandatario, quien planteó como objetivo frenar el crecimiento y “amortiguar” el impacto de una realidad que calificó como alarmante.
Por su parte, Civila detalló un paquete de 42 medidas que implican un cambio de modelo en la política social. Entre los principales lineamientos, destacó la desestacionalización de la atención, lo que supone políticas activas durante todo el año y no solo en invierno.
El ministro subrayó que actualmente más que se duplicó la cantidad de personas atendidas en refugios de contingencia: de 1.186 en abril de 2024 a 2.426 en la actualidad. En este contexto, se resolvió transformar los centros nocturnos en dispositivos de atención permanente, funcionando las 24 horas.
Otra de las iniciativas anunciadas es la creación de una aplicación que permitirá a la ciudadanía reportar casos de personas en situación de calle, con el objetivo de mejorar la respuesta del Estado.
El nuevo enfoque se estructurará bajo el modelo “3V” (Vida, Vivienda y Vínculo), que apunta no solo a la asistencia inmediata sino también a soluciones de fondo. Entre las metas planteadas se incluye la generación de 2.000 puestos de trabajo hacia 2028, el fortalecimiento del acceso a la vivienda y la reconstrucción de redes comunitarias.
Asimismo, se ampliará la atención en salud mental y consumo problemático de drogas dentro de los centros de estadía, y se implementarán medidas específicas para personas que egresan del sistema penitenciario. Según datos oficiales, seis de cada diez personas en situación de calle son exprivados de libertad, en un contexto en el que unas 30 personas recuperan la libertad diariamente.
El plan también prevé la creación de comunidades rurales con fines de integración social y productiva, así como una reestructura en la coordinación institucional, con participación de distintos organismos del Estado bajo liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social y Presidencia.
Desde la oposición, el senador Martín Lema cuestionó la falta de medidas concretas y reclamó mayor celeridad. Señaló que el abordaje debería haber sido presentado de forma más integral, con participación activa de otras carteras clave como Interior, Salud Pública y Vivienda. Además, criticó lo que consideró un exceso de “diagnóstico” y falta de acciones específicas.
En tanto, desde el oficialismo, legisladoras como Julieta Sierra e Inés Cortés respaldaron la estrategia, aunque reconocieron que el desafío estará en su implementación efectiva.
De acuerdo a un informe técnico del Ministerio de Desarrollo Social, la situación de calle en Uruguay constituye una problemática persistente y en crecimiento, vinculada no solo a la falta de vivienda, sino también a múltiples factores como la exclusión social, el desempleo, problemas de salud mental y consumo de sustancias.
El gobierno nacional reconoció la gravedad del aumento de personas en situación de calle y anunció un cambio de enfoque para intentar contener una problemática que definió como “un problema país”. El presidente Yamandú Orsi respaldó públicamente al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y presentó junto a él la denominada “Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle”. La reacción del Ejecutivo se produjo tras cuestionamientos surgidos incluso dentro del oficialismo. El dirigente Rafael Michelini había manifestado días atrás su preocupación por la persistencia de personas durmiendo en la vía pública, reclamando medidas urgentes. Durante la presentación, Orsi fue enfático al señalar que “vivir en calle no es una opción” y reconoció que la magnitud del problema es mayor a la prevista. Según datos oficiales, en la última década la cantidad de personas en esta situación se triplicó. Mientras que en años anteriores se hablaba de unas 3.000 personas asistidas, en 2025 la cifra alcanzó las 13.597, lo que representa un aumento del 20% respecto a registros previos. “El problema no es chico y es a nivel nacional. Lo que venimos haciendo no alcanza para resolverlo”, admitió el mandatario, quien planteó como objetivo frenar el crecimiento y “amortiguar” el impacto de una realidad que calificó como alarmante. Por su parte, Civila detalló un paquete de 42 medidas que implican un cambio de modelo en la política social. Entre los principales lineamientos, destacó la desestacionalización de la atención, lo que supone políticas activas durante todo el año y no solo en invierno. El ministro subrayó que actualmente más que se duplicó la cantidad de personas atendidas en refugios de contingencia: de 1.186 en abril de 2024 a 2.426 en la actualidad. En este contexto, se resolvió transformar los centros nocturnos en dispositivos de atención permanente, funcionando las 24 horas. Otra de las iniciativas anunciadas es la creación de una aplicación que permitirá a la ciudadanía reportar casos de personas en situación de calle, con el objetivo de mejorar la respuesta del Estado. El nuevo enfoque se estructurará bajo el modelo “3V” (Vida, Vivienda y Vínculo), que apunta no solo a la asistencia inmediata sino también a soluciones de fondo. Entre las metas planteadas se incluye la generación de 2.000 puestos de trabajo hacia 2028, el fortalecimiento del acceso a la vivienda y la reconstrucción de redes comunitarias. Asimismo, se ampliará la atención en salud mental y consumo problemático de drogas dentro de los centros de estadía, y se implementarán medidas específicas para personas que egresan del sistema penitenciario. Según datos oficiales, seis de cada diez personas en situación de calle son exprivados de libertad, en un contexto en el que unas 30 personas recuperan la libertad diariamente. El plan también prevé la creación de comunidades rurales con fines de integración social y productiva, así como una reestructura en la coordinación institucional, con participación de distintos organismos del Estado bajo liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social y Presidencia. Desde la oposición, el senador Martín Lema cuestionó la falta de medidas concretas y reclamó mayor celeridad. Señaló que el abordaje debería haber sido presentado de forma más integral, con participación activa de otras carteras clave como Interior, Salud Pública y Vivienda. Además, criticó lo que consideró un exceso de “diagnóstico” y falta de acciones específicas. En tanto, desde el oficialismo, legisladoras como Julieta Sierra e Inés Cortés respaldaron la estrategia, aunque reconocieron que el desafío estará en su implementación efectiva. De acuerdo a un informe técnico del Ministerio de Desarrollo Social, la situación de calle en Uruguay constituye una problemática persistente y en crecimiento, vinculada no solo a la falta de vivienda, sino también a múltiples factores como la exclusión social, el desempleo, problemas de salud mental y consumo de sustancias.
