Un grupo ciudadano independiente presentó una iniciativa que busca promover una reforma de la Constitución de la República con miras a someterla a plebiscito en 2029, generando debate en el ámbito político y social. En diálogo con Canal 12, la presidenta de la Comisión Nacional de Reforma Constitucional, Mercedes Vigil, analizó el alcance de esta propuesta impulsada por ciudadanos que, según afirman, no mantienen vínculos ni financiamiento de partidos políticos tradicionales. El planteo tiene como eje central otorgar mayor protagonismo a la ciudadanía y reducir lo que consideran “privilegios políticos”, a través de una serie de modificaciones orientadas a la austeridad, la transparencia y la reestructuración del sistema institucional. Entre las principales medidas se destaca la reducción del 30% en los salarios de los principales cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo, incluyendo Presidente, Vicepresidente, ministros, legisladores e intendentes. Asimismo, se propone establecer topes salariales vinculados al salario mínimo nacional. En el plano parlamentario, la iniciativa plantea una disminución en la cantidad de integrantes: la Cámara de Representantes pasaría a tener 57 diputados, mientras que el Senado se reduciría a 19 miembros. También se propone limitar las reelecciones como forma de fomentar la renovación política. El proyecto incorpora además un criterio de “Ficha Limpia”, que impediría la postulación de personas con procesos judiciales vinculados a delitos graves, salvo que logren demostrar su inocencia. A su vez, se establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos de jerarcas destituidos por mala gestión o negligencia. Otro de los puntos se refiere al fortalecimiento de los organismos de control, otorgando mayores potestades al Tribunal de Cuentas, que pasaría a tener capacidad sancionatoria ante gastos públicos considerados irregulares. En cuanto a los beneficios posteriores al ejercicio de funciones públicas, se propone eliminar las pensiones políticas vitalicias y limitar las compensaciones a un máximo del 50% del último salario por un período de hasta seis meses. Finalmente, la iniciativa incluye modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, planteando topes al aporte estatal por voto y la prohibición de donaciones de empresas o terceros, promoviendo un sistema basado exclusivamente en aportes de afiliados. El proyecto deberá ahora avanzar en las etapas previstas por la normativa vigente, que incluyen la recolección de firmas necesarias para habilitar la convocatoria a plebiscito. La propuesta ya comienza a instalarse en la agenda pública, generando distintas posiciones sobre su viabilidad y el alcance de los cambios planteados.
Movimiento ciudadano impulsa reforma constitucional con foco en reducción del gasto político y cambios institucionales Un grupo ciudadano independiente denominado “Orientales por Justicia y Equidad” presentó una iniciativa que busca promover una reforma de la Constitución de la República con miras a someterla a plebiscito en 2029, generando debate en el ámbito político y social. En diálogo con Canal 12, la presidenta de la Comisión Nacional de Reforma Constitucional, Mercedes Vigil, analizó el alcance de esta propuesta impulsada por ciudadanos que, según afirman, no mantienen vínculos ni financiamiento de partidos políticos tradicionales. El planteo tiene como eje central otorgar mayor protagonismo a la ciudadanía y reducir lo que consideran “privilegios políticos”, a través de una serie de modificaciones orientadas a la austeridad, la transparencia y la reestructura del sistema institucional. Entre las principales medidas se destaca la reducción del 30% en los salarios de los principales cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo, incluyendo Presidente, Vicepresidente, ministros, legisladores e intendentes. Asimismo, se propone establecer topes salariales vinculados al salario mínimo nacional. En el plano parlamentario, la iniciativa plantea una disminución en la cantidad de integrantes: la Cámara de Representantes pasaría a tener 57 diputados, mientras que el Senado se reduciría a 19 miembros. También se propone limitar las reelecciones como forma de fomentar la renovación política. El proyecto incorpora además un criterio de “Ficha Limpia”, que impediría la postulación de personas con procesos judiciales vinculados a delitos graves, salvo que logren demostrar su inocencia. A su vez, se establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos de jerarcas destituidos por mala gestión o negligencia. Otro de los puntos refiere al fortalecimiento de los organismos de control, otorgando mayores potestades al Tribunal de Cuentas, que pasaría a tener capacidad sancionatoria ante gastos públicos considerados irregulares. En cuanto a los beneficios posteriores al ejercicio de funciones públicas, se propone eliminar las pensiones políticas vitalicias y limitar las compensaciones a un máximo del 50% del último salario por un período de hasta seis meses. Finalmente, la iniciativa incluye modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, planteando topes al aporte estatal por voto y la prohibición de donaciones de empresas o terceros, promoviendo un sistema basado exclusivamente en aportes de afiliados. El proyecto deberá ahora avanzar en las etapas previstas por la normativa vigente, que incluyen la recolección de firmas necesarias para habilitar la convocatoria a plebiscito. La propuesta ya comienza a instalarse en la agenda pública, generando distintas posiciones sobre su viabilidad y el alcance de los cambios planteados.
