La Justicia condenó a una mujer a dos años y diez meses de prisión por haber denunciado falsamente a su expareja por violación, en un caso que el magistrado calificó como de falsedad “palmaria y manifiesta”. La sentencia fue dictada el pasado 22 de abril por el juez Alejandro Asteggiante, tras un proceso en el que se analizaron pruebas técnicas, testimoniales y periciales.
El caso se remonta a enero de 2024, cuando la mujer denunció que su exnovio la había abusado sexualmente. Sin embargo, durante la investigación surgieron inconsistencias clave en su relación que llevaron a la Fiscalía a avanzar en su contra. Finalmente, en 2026 se desarrolló el juicio que culminó con su condena.
En su fallo, el juez Asteggiante sostuvo que la denuncia carecía de veracidad y señaló que la acusada presentaba conductas reiteradas de invención de hechos. Entre otros elementos, se consideraron testimonios que indicaban que la mujer había fabricado situaciones previas, incluyendo supuestos embarazos que nunca pudieron comprobarse.
Uno de los aspectos centrales para desacreditar la denuncia fue la prueba técnica. El hombre acusado contaba con un dispositivo de monitoreo electrónico, cuyo registro demostró que el día del supuesto abuso no estuvo en el lugar señalado. Además, su coartada fue respaldada por un profesional de la salud que confirmó su حضور en una sesión de terapia.
El magistrado también valoró informes periciales que indicaron que el hombre no presentaba rasgos de conducta violenta, reforzando la credibilidad de su versión de los hechos.
En paralelo, la mujer fue encontrada culpable como autora intelectual de una agresión contra un vecino de su complejo habitacional. Según se probó en juicio, facilitó el ingreso de los atacantes al lugar tras un conflicto previo con la víctima, quien había sido propuesta como testigo en la causa inicial.
Durante el proceso, el fiscal Luis Pacheco subrayó que, si bien las denuncias falsas existen, “estadísticamente son pocas”, en referencia al debate público sobre este tipo de situaciones.
En su sentencia, el juez advirtió sobre el impacto negativo de este tipo de casos, señalando que las denuncias falsas afectan la credibilidad del sistema y pueden perjudicar a quienes realmente son víctimas de delitos sexuales, al dificultar una respuesta rápida y efectiva por parte de las instituciones.
El fallo aún no está firme y puede ser apelado. Mientras tanto, la condenada permanece en libertad, aunque sujeta a medidas cautelares como el cierre de fronteras.
Por su parte, el hombre denunciado expresó durante el juicio las consecuencias personales que atravesó tras la acusación, incluyendo la exposición pública y el daño a su reputación. Según declarado, continúa en proceso de reconstruir su vida y limpiar su nombre.
De acuerdo a estudios recientes de ONU Mujeres y la Universidad CLAEH, los casos de denuncias falsas en Uruguay son minoritarios y, en su mayoría, están vinculados a delitos contra la propiedad, siendo muy poco frecuentes en situaciones de violencia de género.
