La Fundación Banco de Alimentos se consolida como una de las principales organizaciones en la lucha contra la inseguridad alimentaria en el país, en un contexto donde la demanda de asistencia continúa en aumento y alcanza a unas 50.000 personas a través de 250 organizaciones sociales distribuidas en 15 departamentos. El escenario se da en paralelo a los últimos datos disponibles sobre la problemática. Según el informe nacional más reciente sobre prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares, elaborado con participación del Instituto Nacional de Estadística, cerca del 15% de los hogares uruguayos presenta inseguridad alimentaria moderada, mientras que algo más del 2% enfrenta situaciones graves. El doctor en antropología de la alimentación Gustavo Laborde explicó que este fenómeno no se limita únicamente a la falta de ingresos. Factores como la ubicación geográfica, el acceso a comercios o situaciones excepcionales —como inundaciones que aíslan comunidades— también inciden en la posibilidad de acceder a alimentos. A esto se suma la necesidad de que la alimentación sea nutritiva y culturalmente adecuada. Frente a esta realidad, la organización que dirige Isabel Álvarez actúa como nexo entre empresas donantes y organizaciones sociales. Su labor no solo incluye la distribución de alimentos como arroz, harina, pastas o lácteos, sino también artículos de higiene y limpieza. El sistema de funcionamiento se basa en una red estructurada: el Banco no entrega directamente a personas, sino que canaliza las donaciones hacia instituciones con personería jurídica, a las que además monitorea regularmente para garantizar la correcta distribución y adecuación de los productos según las necesidades de cada comunidad. Uno de los desafíos actuales es ampliar la variedad de donaciones. Si bien se han logrado acuerdos con productores rurales, supermercados y plataformas de reparto para recuperar alimentos —incluyendo panificados del día anterior—, aún persiste la dificultad de incorporar carne a la cadena solidaria, pese a gestiones con frigoríficos. Desde la institución advierten que la demanda ha crecido de forma sostenida. Actualmente, unas 180 organizaciones se encuentran en lista de espera para integrarse a la red, lo que refleja la presión creciente sobre los recursos disponibles. Aunque Uruguay presenta mejores indicadores en comparación con otros países de la región, el aumento en la necesidad de asistencia alimentaria marca un desafío persistente para las políticas públicas y el trabajo de la sociedad civil, en un contexto donde garantizar el acceso a una alimentación adecuada sigue siendo una prioridad.
Banco de Alimentos asiste a 50.000 personas y enfrenta creciente demanda en Uruguay La Fundación Banco de Alimentos se consolida como una de las principales organizaciones en la lucha contra la inseguridad alimentaria en el país, en un contexto donde la demanda de asistencia continúa en aumento y alcanza a unas 50.000 personas a través de 250 organizaciones sociales distribuidas en 15 departamentos. El escenario se da en paralelo a los últimos datos disponibles sobre la problemática. Según el informe nacional más reciente sobre prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares, elaborado con participación del Instituto Nacional de Estadística, cerca del 15% de los hogares uruguayos presenta inseguridad alimentaria moderada, mientras que algo más del 2% enfrenta situaciones graves. El doctor en antropología de la alimentación Gustavo Laborde explicó que este fenómeno no se limita únicamente a la falta de ingresos. Factores como la ubicación geográfica, el acceso a comercios o situaciones excepcionales —como inundaciones que aíslan comunidades— también inciden en la posibilidad de acceder a alimentos. A esto se suma la necesidad de que la alimentación sea nutritiva y culturalmente adecuada. Frente a esta realidad, la organización que dirige Isabel Álvarez actúa como nexo entre empresas donantes y organizaciones sociales. Su labor no solo incluye la distribución de alimentos como arroz, harina, pastas o lácteos, sino también artículos de higiene y limpieza. El sistema de funcionamiento se basa en una red estructurada: el Banco no entrega directamente a personas, sino que canaliza las donaciones hacia instituciones con personería jurídica, a las que además monitorea regularmente para garantizar la correcta distribución y adecuación de los productos según las necesidades de cada comunidad. Uno de los desafíos actuales es ampliar la variedad de donaciones. Si bien se han logrado acuerdos con productores rurales, supermercados y plataformas de reparto para recuperar alimentos —incluyendo panificados del día anterior—, aún persiste la dificultad de incorporar carne a la cadena solidaria, pese a gestiones con frigoríficos. Desde la institución advierten que la demanda ha crecido de forma sostenida. Actualmente, unas 180 organizaciones se encuentran en lista de espera para integrarse a la red, lo que refleja la presión creciente sobre los recursos disponibles. Aunque Uruguay presenta mejores indicadores en comparación con otros países de la región, el aumento en la necesidad de asistencia alimentaria marca un desafío persistente para las políticas públicas y el trabajo de la sociedad civil, en un contexto donde garantizar el acceso a una alimentación adecuada sigue siendo una prioridad.
