La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado junto a una delegación de la Fiscalía General de la Nación para analizar el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi. Durante su intervención, Ferrero lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias que podrían generar la reducción de plazos en las investigaciones judiciales. “Hay que tener cuidado porque me están llevando a la impunidad”, afirmó la fiscal, al referirse a los cambios planteados en el nuevo texto legal ya la falta de recursos para afrontar el incremento de exigencias que implicaría la reforma. Ferrero sostuvo que cualquier modificación al CPP debe contemplar el contexto actual de inseguridad y avance del crimen organizado en Uruguay. “No estamos en un tupper”, expresó ante los legisladores, al pedir que no se avance “apuradamente” en una legislación que no tenga en cuenta la realidad que atraviesa el país. La jerarca remarcó que la reducción de plazos para investigar delitos complejos, especialmente vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, podría afectar seriamente la capacidad de actuación de la Fiscalía. «Hoy, un día sí y otro también, hay un muerto. Antes eran guerras entre bandas, pero ahora hay daños colaterales y personas ajenas que terminan afectadas», señaló. Asimismo, indicó que la nueva normativa exigirá mayores recursos económicos y humanos para poder cumplir con las nuevas exigencias procesales. Entre otros aspectos, mencionó la necesidad de capacitar fiscales y adaptar el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio (Sippau). En la misma línea se expresó la fiscal Adriana Edelman, quien advirtió sobre el crecimiento y sofisticación del crimen organizado en el país. “La peor señal que podemos dar es la impunidad, ya sea por falta de recursos o porque los plazos no nos den”, sostuvo. Durante la sesión también intervino el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, quien defendió la asignación presupuestal otorgada a la Fiscalía durante el actual período de gobierno. El legislador afirmó que el organismo fue “priorizado” y aseguró que recibió uno de los aumentos presupuestales “más importantes” de los últimos años, aunque reconoció que existe un “desfasaje” frente a las nuevas tareas derivadas del actual CPP. Ferrero respondió que valoraba los recursos asignados, aunque reiteró la necesidad de contar con mayores herramientas para cumplir adecuadamente con las funciones del organismo. En un momento especialmente sensible de su exposición, recordó el atentado que sufrió en su vivienda cuando fue atacada con una granada. “Casi me matan, a mí ya mi hijo”, expresó, al referirse también a los problemas de seguridad que enfrentan actualmente los fiscales. Entre los cambios planteados por la Fiscalía al proyecto de reforma, se solicitó que no se reduzcan los plazos de investigación y que se contemplen particularidades de delitos complejos como explotación sexual y trata de personas. Además, el fiscal Ignacio Montedeocar pidió ampliar las restricciones para acceder al beneficio de libertad a prueba, incorporando también delitos vinculados a la trata y tráfico de personas, además de los delitos sexuales, explotación infantil y narcotráfico ya previstos en el proyecto.
Ferrero advirtió sobre riesgo de impunidad ante reforma del CPP y reclamó más recursos para Fiscalía La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado junto a una delegación de la Fiscalía General de la Nación para analizar el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi. Durante su intervención, Ferrero lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias que podría generar la reducción de plazos en las investigaciones judiciales. “Hay que tener cuidado porque me están llevando a la impunidad”, afirmó la fiscal, al referirse a los cambios planteados en el nuevo texto legal y a la falta de recursos para afrontar el incremento de exigencias que implicaría la reforma. Ferrero sostuvo que cualquier modificación al CPP debe contemplar el contexto actual de inseguridad y avance del crimen organizado en Uruguay. “No estamos en un tupper”, expresó ante los legisladores, al pedir que no se avance “apuradamente” en una legislación que no tenga en cuenta la realidad que atraviesa el país. La jerarca remarcó que la reducción de plazos para investigar delitos complejos, especialmente vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, podría afectar seriamente la capacidad de actuación de la Fiscalía. “Hoy, un día sí y otro también, hay un muerto. Antes eran guerras entre bandas, pero ahora hay daños colaterales y personas ajenas que terminan afectadas”, señaló. Asimismo, indicó que la nueva normativa demandará mayores recursos económicos y humanos para poder cumplir con las nuevas exigencias procesales. Entre otros aspectos, mencionó la necesidad de capacitar fiscales y adaptar el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio (Sippau). En la misma línea se expresó la fiscal Adriana Edelman, quien advirtió sobre el crecimiento y sofisticación del crimen organizado en el país. “La peor señal que podemos dar es la impunidad, ya sea por falta de recursos o porque los plazos no nos den”, sostuvo. Durante la sesión también intervino el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, quien defendió la asignación presupuestal otorgada a la Fiscalía durante el actual período de gobierno. El legislador afirmó que el organismo fue “priorizado” y aseguró que recibió uno de los aumentos presupuestales “más importantes” de los últimos años, aunque reconoció que existe un “desfasaje” frente a las nuevas tareas derivadas del actual CPP. Ferrero respondió que valoraba los recursos asignados, aunque reiteró la necesidad de contar con mayores herramientas para cumplir adecuadamente con las funciones del organismo. En un momento especialmente sensible de su exposición, recordó el atentado que sufrió en su vivienda cuando fue atacada con una granada. “Casi me matan, a mí y a mi hijo”, expresó, al referirse también a los problemas de seguridad que enfrentan actualmente los fiscales. Entre los cambios planteados por la Fiscalía al proyecto de reforma, se solicitó que no se reduzcan los plazos de investigación y que se contemplen particularidades de delitos complejos como explotación sexual y trata de personas. Además, el fiscal Ignacio Montedeocar pidió ampliar las restricciones para acceder al beneficio de libertad a prueba, incorporando también delitos vinculados a la trata y tráfico de personas, además de los delitos sexuales, explotación infantil y narcotráfico ya previstos en el proyecto.
