Atrasos salariales de hasta cuatro meses, contratos precarios, desgaste emocional y trabajadores al borde de la indigencia: esa es la realidad que denuncian funcionarios tercerizados que se desempeñan en refugios y programas sociales vinculados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Los testimonios recogidos exponen una problemática que, según admiten tanto autoridades actuales como exjerarcas y sindicatos, se arrastra desde hace años y se ha agravado con el crecimiento sostenido de la población en situación de calle y la expansión de los convenios con organizaciones sociales.
“Rebajaba la leche con agua”
Evelyn Cavallo trabajó durante 15 años en distintos refugios para personas en situación de calle gestionados por organizaciones vinculadas a iglesias evangélicas.
Relata que en varios centros atravesó atrasos salariales permanentes, pero asegura que la última experiencia fue la más dura: llegó a estar tres meses sin cobrar mientras seguía trabajando en un refugio 24 horas para hombres.
“Mis hijos comían en el comedor de la escuela y nosotros, los adultos, una vez al día”, cuenta. Dice que llegó a rebajar la leche con agua y sobrevivir tomando mate durante gran parte del día.
Su contrato venció en abril y no fue renovado. Ella sostiene que detrás de la decisión existió persecución sindical, aunque no recibió explicaciones formales.
Un problema “de larga data”
Desde el Mides reconocen que los atrasos salariales en organizaciones conveniadas constituyen un problema “complejo y de larga data”.
La cartera sostiene que las ONG son las responsables directas del pago de salarios, aunque admite que existen demoras administrativas, problemas con rendiciones de cuentas, exigencias del Tribunal de Cuentas y dificultades financieras en varias organizaciones.
Según datos del ministerio, durante 2024 hubo casos donde los adeudos salariales alcanzaron hasta cuatro meses.
El sistema de tercerización, bajo cuestionamiento
El funcionamiento actual implica que el Estado financia refugios y programas sociales administrados por organizaciones civiles y ONG.
Esas instituciones contratan educadores, psicólogos, trabajadores sociales y auxiliares, mientras el Mides supervisa y transfiere fondos.
Sin embargo, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) sostiene que el modelo “está agotado”.
El secretario general del sindicato, Diego Andrada, afirma que el crecimiento de los convenios y la falta de controles profundizaron la precarización laboral.
“El Estado decidió delegar políticas extremadamente sensibles en privados”, cuestionó.
Trabajadores endeudados y al límite
Los testimonios revelan situaciones extremas.
Patricia Rodríguez, trabajadora de refugios durante dos años, asegura que estuvo cuatro meses sin cobrar mientras sostenía sola a sus tres hijos.
“No tenía ni para los remedios”, relata.
Describe refugios con ratas, chinches y trabajadores agotados física y emocionalmente.
“Los que cuidan a la gente más vulnerable tampoco tienen condiciones dignas”, resume.
Exjerarcas del propio Mides reconocen que algunos trabajadores llegaron a plantear que podían terminar durmiendo en refugios por no poder pagar alquileres tras meses sin cobrar salario.
Contratos temporales y miedo a reclamar
Otro de los aspectos denunciados es la inestabilidad laboral.
Muchos trabajadores son contratados por períodos cortos de seis meses o un año, sin garantías de renovación.
Nicolás Martínez, educador social, relata que perdió su trabajo poco después de participar en reclamos sindicales por atrasos salariales.
“Te desvinculan y listo”, afirma.
Según explica, cada renovación implica comenzar nuevamente desde cero, perdiendo antigüedad y estabilidad laboral.
Cambios en los perfiles laborales
Trabajadores y sindicatos denuncian además una transformación en el modelo de contratación.
Sostienen que comenzaron a incorporarse figuras como “facilitadores” o “cuidadores”, con menores exigencias de formación, salarios más bajos y jornadas más extensas.
“Pasamos de turnos de seis horas con salarios más altos a jornadas de ocho horas cobrando mucho menos”, señaló uno de los educadores consultados.
El crecimiento de la emergencia social
La problemática ocurre en un contexto de aumento sostenido de personas en situación de calle y creciente demanda sobre los refugios.
Los trabajadores aseguran que muchas veces deben contener situaciones vinculadas a salud mental, adicciones y violencia extrema, mientras enfrentan precarización, incertidumbre y desgaste emocional.
Detrás de cada convenio demorado y de cada salario impago, sostienen, hay equipos que continúan trabajando para mantener abiertos los refugios y asistir a personas que atraviesan situaciones límite.