El caso del fondo ganadero Portfolio Capital continúa sumando capítulos tanto en el ámbito penal como en el concursal. Mientras la Fiscalía guarda un informe considerado clave para avanzar en la investigación, este jueves se realizará la junta de acreedores que definirá si las empresas vinculadas al grupo continuarán operando mediante un acuerdo o ingresan en proceso de liquidación.
La causa tiene en el centro al matrimonio integrado por Alejandro Berrutti y María José Argenti, principales responsables del grupo empresarial. Aunque hasta el momento no han sido imputados penalmente, ambos permanecen sujetos a medidas limitativas, entre ellas la prohibición de salir del país.
Durante una audiencia celebrada este miércoles ante el juez Fernando Islas, los fiscales Gilberto Rodríguez y Agustín Majó informaron que continúan trabajando con un equipo multidisciplinario integrado por organismos estatales como la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), la Secretaría Antilavado (Senaclaft) y la Dirección Nacional de Registros.
El objetivo del informe en elaboración es determinar el destino del dinero no devuelto a los inversores y establecer si los fondos fueron derivados hacia otras empresas del grupo o si desaparecieron.
A partir de ese análisis, la Fiscalía evaluará si existieron delitos como estafa, apropiación indebida o lavado de activos.
La línea investigativa del Ministerio Público apunta desde el año pasado a que Portfolio Capital habría funcionado bajo un esquema tipo Ponzi, donde el dinero de nuevos inversores era utilizado para pagar rentabilidades anteriores.
Según el surgimiento de la investigación, el grupo empresarial estaba integrado por siete empresas y tenía su principal base de operaciones en la zona de Carrasco, en Montevideo.
El conflicto salió a la luz el 20 de mayo de 2025, cuando los responsables del fondo enviaron un correo electrónico a los ahorristas comunicando que no podían afrontar los pagos comprometidos. Desde entonces, decenas de inversores denunciaron no solo la falta de pago de intereses, sino también la imposibilidad de recuperar el capital invertido.
Hasta fines del año pasado ya se habían presentado más de 100 denuncias.
En la audiencia judicial, el juez Fernando Islas resolvió extender las medidas limitativas contra el matrimonio hasta noviembre próximo.
Por otra parte, la defensa de Alejandro Berrutti solicitó autorización para renovar su pasaporte vencido. El abogado Marcelo Domínguez argumentó que, tras modificaciones normativas implementadas luego del caso Sebastián Marset, podrían existir dificultades futuras para obtener el documento. La Fiscalía no se opuso y el juez autorizó el trámite, estableciendo que el nuevo pasaporte deberá quedar retenido en sede judicial.
Mientras tanto, este jueves se desarrollará una instancia decisiva en el plano concursal. Los acreedores de las empresas Oro Rojo SA y Reina Vaca SA, vinculados a Portfolio Capital, deberán resolver si aceptan una propuesta de acuerdo presentada por las compañías o si avanzan hacia la liquidación judicial.
La propuesta prevé devolver al menos el 58% del capital invertido mediante 19 cuotas semestrales de 150 mil dólares cada una, extendidas durante más de ocho años.
Sin embargo, los abogados representantes de damnificados señalaron que hasta el momento no existirían las adhesiones necesarias para aprobar el acuerdo.
Uno de los defensores de inversores afectados, Nicolás Ghizzo, manifestó que la propuesta genera desconfianza entre muchos acreedores, ya que implicaría “volver a confiar” en los responsables de las empresas.
Además, cuestionó que el acuerdo exige renunciar a sanciones y renunciar aproximadamente el 42% del capital adeudado, sin contemplar intereses.
Fiscalía espera informe clave sobre Portfolio Capital mientras acreedores definen el futuro de las empresas El caso del fondo ganadero Portfolio Capital continúa sumando capítulos tanto en el ámbito penal como en el concursal. Mientras la Fiscalía aguarda un informe considerado clave para avanzar en la investigación, este jueves se realizará la junta de acreedores que definirá si las empresas vinculadas al grupo continúan operando mediante un acuerdo o ingresan en proceso de liquidación. La causa tiene en el centro al matrimonio integrado por Alejandro Berrutti y María José Argenti, principales responsables del grupo empresarial. Aunque hasta el momento no han sido imputados penalmente, ambos permanecen sujetos a medidas limitativas, entre ellas la prohibición de salir del país. Durante una audiencia celebrada este miércoles ante el juez Fernando Islas, los fiscales Gilberto Rodríguez y Agustín Majó informaron que continúan trabajando con un equipo multidisciplinario integrado por organismos estatales como la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), la Secretaría Antilavado (Senaclaft) y la Dirección Nacional de Registros. El objetivo del informe en elaboración es determinar el destino del dinero no devuelto a los inversores y establecer si los fondos fueron derivados hacia otras empresas del grupo o si desaparecieron. A partir de ese análisis, la Fiscalía evaluará si existieron delitos como estafa, apropiación indebida o lavado de activos. La línea investigativa del Ministerio Público apunta desde el año pasado a que Portfolio Capital habría funcionado bajo un esquema tipo Ponzi, donde el dinero de nuevos inversores era utilizado para pagar rentabilidades anteriores. Según surge de la investigación, el grupo empresarial estaba integrado por siete empresas y tenía su principal base de operaciones en la zona de Carrasco, en Montevideo. El conflicto salió a la luz el 20 de mayo de 2025, cuando los responsables del fondo enviaron un correo electrónico a los ahorristas comunicando que no podían afrontar los pagos comprometidos. Desde entonces, decenas de inversores denunciaron no solo la falta de pago de intereses, sino también la imposibilidad de recuperar el capital invertido. Hasta fines del año pasado ya se habían presentado más de 100 denuncias. En la audiencia judicial, el juez Fernando Islas resolvió extender las medidas limitativas contra el matrimonio hasta noviembre próximo. Por otra parte, la defensa de Alejandro Berrutti solicitó autorización para renovar su pasaporte vencido. El abogado Marcelo Domínguez argumentó que, tras modificaciones normativas implementadas luego del caso Sebastián Marset, podrían existir dificultades futuras para obtener el documento. La Fiscalía no se opuso y el juez autorizó el trámite, estableciendo que el nuevo pasaporte deberá quedar retenido en sede judicial. Mientras tanto, este jueves se desarrollará una instancia decisiva en el plano concursal. Los acreedores de las empresas Oro Rojo S.A. y Reina Vaca S.A., vinculadas a Portfolio Capital, deberán resolver si aceptan una propuesta de acuerdo presentada por las compañías o si avanzan hacia la liquidación judicial. La propuesta prevé devolver al menos el 58% del capital invertido mediante 19 cuotas semestrales de 150 mil dólares cada una, extendidas durante más de ocho años. Sin embargo, abogados representantes de damnificados señalaron que hasta el momento no existirían las adhesiones necesarias para aprobar el acuerdo. Uno de los defensores de inversores afectados, Nicolás Ghizzo, manifestó que la propuesta genera desconfianza entre muchos acreedores, ya que implicaría “volver a confiar” en los responsables de las empresas. Además, cuestionó que el acuerdo exige renunciar a acciones penales y resignar aproximadamente el 42% del capital adeudado, sin contemplar intereses. También sostuvo que el plan no ofrece garantías suficientes sobre la generación de recursos futuros para cumplir con los
