El gobierno de Yamandú Orsi convocará en los próximos días a representantes de Veridos, la empresa de capitales mexicanos y alemanes que instaló y mantiene el sistema de control migratorio en puertos y pasos fronterizos de Uruguay, ante el reclamo de una deuda que alcanza los US$ 10,7 millones.
La empresa ya inició el proceso previo previsto antes de recurrir a un arbitraje internacional, mediante una comunicación enviada el 11 de agosto al presidente Orsi y a los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y del Interior, Carlos Negro.
La intención del gobierno es evitar que el conflicto llegue a tribunales internacionales y alcanzar una salida negociada. Desde la Torre Ejecutiva señalaron que la prioridad es “sentarnos a conversar y encontrar una solución”.
El reclamo se origina en el contrato firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou, mediante el cual Veridos fue seleccionada para instalar y mantener un sistema integral de control fronterizo para pasajeros.
La adjudicación se concretó en septiembre de 2023 y el contrato, bajo la modalidad denominada “llave en mano”, fue firmado en diciembre de ese año. El proyecto contempló la modernización del control migratorio en 17 pasos fronterizos, mediante la implementación del Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay (Sigmu).
El mecanismo de financiamiento establecía un cobro de US$ 2,10 más IVA por pasajero, aplicable en los pasos fluviales. Un decreto aprobado en enero de 2024 estableció que las empresas navieras debían cobrar ese importe a los pasajeros.
Sin embargo, las principales empresas del sector impugnaron el mecanismo y recurrieron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), cuestionando la obligación de realizar el cobro.
Mientras tanto, en febrero de 2025 el Ministerio del Interior y Veridos emitieron el informe final correspondiente y el sistema comenzó a operar. Para la empresa, desde ese momento quedó habilitado el mecanismo de pago previsto en el contrato.
Veridos sostiene que, pese a que el sistema lleva más de un año funcionando, no recibió pagos por el servicio prestado. Por ese motivo reclama al Estado uruguayo US$ 10,7 millones y exige que se establezca además un mecanismo que garantice la continuidad de los pagos hacia el futuro.
La empresa planteó un plazo de seis meses, contado desde el 11 de agosto, para alcanzar una solución amistosa. Si no existe acuerdo durante ese período, advirtió que avanzará hacia un arbitraje internacional.
El conflicto se desarrolla además en medio de varios recursos judiciales vinculados al proceso de contratación.
Actualmente existen ocho expedientes ante el TCA relacionados de distintas maneras con la licitación. Entre ellos se encuentran impugnaciones presentadas por sociedades vinculadas a Buquebus y Colonia Express, que cuestionaron el mecanismo de cobro, y un reclamo del consorcio Dafiway-Vilnago, que había participado de la licitación y no resultó adjudicatario.
A esta situación se suma la posición de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (PECA), organismo que asesora al TCA. En marzo recomendó anular la adjudicación a Veridos debido a una observación vinculada a la presentación fuera de plazo de la garantía de mantenimiento de la oferta.
Posteriormente, en junio, la Procuraduría cuestionó también el mecanismo de cobro establecido mediante decreto, al considerar que implicaría modificaciones de carácter tributario que deberían aprobarse mediante una ley y, por lo tanto, pasar por el Parlamento.
Ahora el TCA deberá resolver sobre estas controversias.
El escenario plantea una dificultad adicional para el gobierno de Orsi: si se anula la adjudicación, el sistema ya fue instalado y se encuentra operativo desde hace más de un año, lo que podría generar nuevos reclamos económicos por parte de Veridos.
A su vez, una eventual anulación del decreto que estableció el cobro de US$ 2,10 más IVA por pasajero no resolvería necesariamente la deuda reclamada por la empresa por los servicios que ya fueron prestados.
El caso se suma a otros asuntos heredados de la administración anterior que el actual gobierno debió revisar o renegociar, y vuelve a colocar sobre la mesa la discusión política acerca de las decisiones adoptadas durante el período de gobierno de Lacalle Pou.
Mientras la Justicia analiza los distintos recursos, el Ejecutivo buscará ahora una salida negociada con Veridos para evitar un nuevo arbitraje internacional y reducir el impacto económico para el Estado uruguayo.