El astillero español Cardama y el Estado uruguayo mantienen una disputa ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, tras la rescisión del contrato para construir dos patrulleras oceánicas por 82,2 millones de euros.
Cardama sostiene que la rescisión fue improcedente y reclama una indemnización por los perjuicios económicos y de imagen. La empresa considera que los aspectos técnicos y jurídicos están vinculados y deben resolverse en el mismo proceso arbitral.
El gobierno uruguayo rechaza ese planteo y sostiene que el tribunal internacional no tiene competencia. Afirma que las cuestiones jurídicas y contractuales deben resolverse ante la Justicia uruguaya, mientras que los aspectos técnicos cuentan con mecanismos específicos previstos en el contrato.
El Estado acusa además a Cardama de graves incumplimientos relacionados con las garantías contractuales. En caso de que el tribunal se declare competente, Uruguay reclama la devolución de los 28.794.500 euros ya abonados, además de una indemnización por daños y otros costos.
Cardama, por su parte, cuestiona la actuación del gobierno y sostiene que las declaraciones públicas sobre las garantías afectaron la continuidad del proyecto. La empresa asegura que intentó alcanzar una solución negociada antes de recurrir al arbitraje.
Cardama y el Estado uruguayo confrontan posiciones por el contrato de las patrulleras El astillero español Cardama y el Estado uruguayo mantienen una disputa ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, tras la rescisión del contrato para construir dos patrulleras oceánicas por 82,2 millones de euros. Cardama sostiene que la rescisión fue improcedente y reclama una indemnización por los perjuicios económicos y de imagen. La empresa considera que los aspectos técnicos y jurídicos están vinculados y deben resolverse en el mismo proceso arbitral. El gobierno uruguayo rechaza ese planteo y sostiene que el tribunal internacional no tiene competencia. Afirma que las cuestiones jurídicas y contractuales deben resolverse ante la Justicia uruguaya, mientras que los aspectos técnicos cuentan con mecanismos específicos previstos en el contrato. El Estado acusa además a Cardama de graves incumplimientos relacionados con las garantías contractuales. En caso de que el tribunal se declare competente, Uruguay reclama la devolución de los 28.794.500 euros ya abonados, además de una indemnización por daños y otros costos. Cardama, por su parte, cuestiona la actuación del gobierno y sostiene que las declaraciones públicas sobre las garantías afectaron la continuidad del proyecto. La empresa asegura que intentó alcanzar una solución negociada antes de recurrir al arbitraje.
