El Ministerio de Salud Pública proyecta que Uruguay alcanzará en 2026 una cifra récord de acciones de amparo para acceder a medicamentos y tratamientos de alto costo. Según informó la ministra Cristina Lustemberg ante el Parlamento, si se mantiene el ritmo registrado durante el primer semestre, el año podría cerrar con más de 2.600 amparos.
Los datos presentados por el MSP muestran un crecimiento sostenido de este mecanismo judicial. En 2018 se registraron 331 acciones de amparo, mientras que en 2019 fueron 634 y en 2020, 751. La cifra llegó a 956 en 2021, 1.445 en 2022, 1.609 en 2023, 2.032 en 2024 y 2.219 durante 2025.
Hasta el 1.º de julio de este año ya se habían presentado 1.328 acciones. De mantenerse este ritmo durante el segundo semestre, la proyección oficial supera los 2.600 casos.
El aumento de los amparos también implica un crecimiento del gasto público. Durante 2025, el MSP transfirió al Fondo Nacional de Recursos unos 142 millones de dólares para financiar medicamentos de alto costo derivados de condenas judiciales. La cifra incluye tratamientos correspondientes a condenas de ese año y de períodos anteriores, debido a que en muchos casos las prestaciones deben mantenerse durante largos períodos o de por vida.
La situación genera un debate entre el derecho de los pacientes a acceder a tratamientos y la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Los amparos suelen involucrar medicamentos que no están incluidos en la canasta de prestaciones obligatorias de los prestadores ni en el catálogo del Fondo Nacional de Recursos.
Desde el gobierno se plantea la necesidad de encontrar una solución estructural. Lustemberg señaló que el tema es una de las prioridades de su gestión y que se trabaja en conjunto con el FNR y el Ministerio de Economía y Finanzas.
En el Parlamento también surgieron propuestas para reducir el costo de estos medicamentos.
Más de 2.600 amparos por medicamentos de alto costo: el MSP advierte por el impacto financiero El Ministerio de Salud Pública proyecta que Uruguay alcanzará en 2026 una cifra récord de acciones de amparo para acceder a medicamentos y tratamientos de alto costo. Según informó la ministra Cristina Lustemberg ante el Parlamento, si se mantiene el ritmo registrado durante el primer semestre, el año podría cerrar con más de 2.600 amparos. Los datos presentados por el MSP muestran un crecimiento sostenido de este mecanismo judicial. En 2018 se registraron 331 acciones de amparo, mientras que en 2019 fueron 634 y en 2020, 751. La cifra llegó a 956 en 2021, 1.445 en 2022, 1.609 en 2023, 2.032 en 2024 y 2.219 durante 2025. Hasta el 1.º de julio de este año ya se habían presentado 1.328 acciones. De mantenerse este ritmo durante el segundo semestre, la proyección oficial supera los 2.600 casos. El aumento de los amparos también implica un crecimiento del gasto público. Durante 2025, el MSP transfirió al Fondo Nacional de Recursos unos 142 millones de dólares para financiar medicamentos de alto costo derivados de condenas judiciales. La cifra incluye tratamientos correspondientes a condenas de ese año y de períodos anteriores, debido a que en muchos casos las prestaciones deben mantenerse durante largos períodos o de por vida. La situación genera un debate entre el derecho de los pacientes a acceder a tratamientos y la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Los amparos suelen involucrar medicamentos que no están incluidos en la canasta de prestaciones obligatorias de los prestadores ni en el catálogo del Fondo Nacional de Recursos. Desde el gobierno se plantea la necesidad de encontrar una solución estructural. Lustemberg señaló que el tema es una de las prioridades de su gestión y que se trabaja en conjunto con el FNR y el Ministerio de Economía y Finanzas. En el Parlamento también surgieron propuestas para reducir el costo de estos medicamentos. El senador Pedro Bordaberry planteó la posibilidad de recurrir a las licencias obligatorias previstas en la legislación sobre patentes, con el objetivo de reducir significativamente los precios de determinados fármacos. La discusión se produce además en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas del sistema sanitario. Durante 2025, el Fondo Nacional de Salud requirió un aporte extraordinario de Rentas Generales cercano a los 1.000 millones de dólares. Desde otra perspectiva, el abogado Juan Ceretta, uno de los principales impulsores de las acciones de amparo vinculadas a medicamentos de alto costo, sostiene que el incremento de los casos responde, entre otros factores, al avance de la ciencia y a la velocidad con que aparecen nuevos tratamientos, que no siempre son incorporados con la misma rapidez al sistema de salud. Ceretta cuestionó además que durante años se haya advertido sobre un eventual colapso financiero derivado de los amparos y consideró que el gasto debería analizarse en el conjunto del presupuesto sanitario. A su entender, una mayor incorporación de tratamientos al sistema permitiría reducir considerablemente la cantidad de personas que deben recurrir a la Justicia. Detrás de las cifras y del debate económico existen historias de pacientes que encontraron en los amparos la posibilidad de acceder a tratamientos que consideran fundamentales para su salud. Entre ellos se encuentran pacientes oncológicos que recurrieron a la Justicia luego de que determinados tratamientos no fueran cubiertos por el sistema. Para ellos, el proceso judicial representa una instancia adicional en momentos de especial vulnerabilidad, pero también, en muchos casos, la vía que les permite acceder al medicamento indicado por sus médicos. El debate sobre los medicamentos de alto costo plantea así un desafío de difícil equilibrio: garantizar el derecho a la salud y el acceso a los avances de la medicina, al mismo tiempo que se busca asegurar la sostenibilidad económica del Sistema Na
