El gobierno uruguayo inició conversaciones con Veridos, la empresa encargada desde 2023 del sistema de control migratorio en las fronteras del país, con el objetivo de alcanzar un acuerdo y evitar una demanda internacional ante el Ciadi.
La compañía reclama a Uruguay una deuda estimada en US$ 10,7 millones, vinculada al cobro de una tasa de US$ 2,10 más IVA por pasaje vendido. El mecanismo fue establecido por decreto en enero de 2024 y debía ser aplicado por las empresas navieras que operan en el país.
La primera reunión entre representantes del gobierno y Veridos se realizó la semana pasada y fue calificada como cordial y correcta, aunque desde el Poder Ejecutivo señalaron que las negociaciones recién comienzan. La empresa, cuyo capital está integrado en un 40% por el Estado alemán y el resto por capitales mexicanos, manifestó su intención de evitar el arbitraje si se encuentra una solución durante los próximos seis meses.
Veridos reclama que se pague lo adeudado y que se garantice el funcionamiento futuro del mecanismo de cobro. La compañía sostiene que hasta el momento no recibió ningún pago por los servicios vinculados a este sistema.
El conflicto también involucra a las empresas Buquebus y Colonia Express, que se negaron a trasladar la tasa a los pasajeros y recurrieron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la normativa que estableció el mecanismo.
Ante esta situación, el gobierno convocó a las navieras a una reunión esta semana en Presidencia, con participación del prosecretario Jorge Díaz y autoridades del Ministerio del Interior. La cartera ya intimó a las empresas a cumplir con la normativa vigente.
El objetivo del Ejecutivo es alcanzar un acuerdo que contemple a Veridos, las navieras y el Estado, evitando una eventual demanda internacional y un problema operativo en los 17 pasos fronterizos donde funciona el nuevo Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay.
Gobierno busca acuerdo con Veridos para evitar un arbitraje internacional El gobierno uruguayo inició conversaciones con Veridos, la empresa encargada desde 2023 del sistema de control migratorio en las fronteras del país, con el objetivo de alcanzar un acuerdo y evitar una demanda internacional ante el Ciadi. La compañía reclama a Uruguay una deuda estimada en US$ 10,7 millones, vinculada al cobro de una tasa de US$ 2,10 más IVA por pasaje vendido. El mecanismo fue establecido por decreto en enero de 2024 y debía ser aplicado por las empresas navieras que operan en el país. La primera reunión entre representantes del gobierno y Veridos se realizó la semana pasada y fue calificada como cordial y correcta, aunque desde el Poder Ejecutivo señalaron que las negociaciones recién comienzan. La empresa, cuyo capital está integrado en un 40% por el Estado alemán y el resto por capitales mexicanos, manifestó su intención de evitar el arbitraje si se encuentra una solución durante los próximos seis meses. Veridos reclama que se pague lo adeudado y que se garantice el funcionamiento futuro del mecanismo de cobro. La compañía sostiene que hasta el momento no recibió ningún pago por los servicios vinculados a este sistema. El conflicto también involucra a las empresas Buquebus y Colonia Express, que se negaron a trasladar la tasa a los pasajeros y recurrieron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la normativa que estableció el mecanismo. Ante esta situación, el gobierno convocó a las navieras a una reunión esta semana en Presidencia, con participación del prosecretario Jorge Díaz y autoridades del Ministerio del Interior. La cartera ya intimó a las empresas a cumplir con la normativa vigente. El objetivo del Ejecutivo es alcanzar un acuerdo que contemple a Veridos, las navieras y el Estado, evitando una eventual demanda internacional y un problema operativo en los 17 pasos fronterizos donde funciona el nuevo Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay.
