Un agente de la Policía Nacional, oriundo de Melo y actualmente en funciones en Canelones, realizó un público y desesperado pedido de ayuda a través de las redes sociales, donde denunció situaciones de acoso laboral, hostigamiento y abuso de poder por parte de una superior jerárquica.
El funcionario, identificado en redes como Klen Molina, conocido como “Tío Klen”, difundió videos en los que expone su situación personal e institucional y solicita su traslado a Melo, donde reside parte de su entorno familiar y se encuentra su hijo.
Según relató, desde hace meses viene solicitando el traslado sin obtener una respuesta favorable. Asegura además que, luego de atravesar situaciones de violencia en el ámbito personal, su situación repercutió en su desempeño laboral y derivó en episodios de persecución y violencia psicológica.
El efectivo manifestó que durante el último año ha vivido bajo una situación de temor y vulnerabilidad, y que recibió atención psiquiátrica. También señaló dificultades para acceder a una adecuada contención psicológica y describió episodios de extrema precariedad personal y económica.
De acuerdo con su propio testimonio, el 30 de junio fue enviado a su domicilio y posteriormente entregó su arma de reglamento.
Reclamo por asistencia y garantías
La difusión de los videos generó una importante repercusión en redes sociales y motivó pronunciamientos de organizaciones vinculadas al ámbito policial, entre ellas el Sindicato de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR), que reclamó garantías de seguridad y asistencia para el funcionario.
Molina sostiene además que cuenta con mensajes y documentación que respaldarían las situaciones denunciadas.
Las acusaciones involucran a una superior jerárquica y a integrantes de la estructura policial, por lo que los hechos deberán ser analizados por las autoridades competentes mediante los procedimientos administrativos correspondientes, garantizando el debido proceso y la investigación de cada una de las situaciones planteadas.
Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento público específico del Ministerio del Interior sobre el contenido de los videos difundidos por el efectivo.
El caso vuelve a poner en el centro de la discusión la situación de la salud mental y los mecanismos de asistencia y protección para los funcionarios policiales que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
Cabe señalar que las denuncias difundidas corresponden al testimonio público del propio funcionario y que las responsabilidades deberán determinarse a partir de las investigaciones y actuaciones institucionales correspondientes.
Policía oriundo de Melo denuncia acoso, abuso de poder y pide traslado urgente Un agente de la Policía Nacional, oriundo de Melo y actualmente en funciones en Canelones, realizó un público y desesperado pedido de ayuda a través de las redes sociales, donde denunció situaciones de acoso laboral, hostigamiento y abuso de poder por parte de una superior jerárquica. El funcionario, identificado en redes como Klen Molina, conocido como “Tío Klen”, difundió videos en los que expone su situación personal e institucional y solicita su traslado a Melo, donde reside parte de su entorno familiar y se encuentra su hijo. Según relató, desde hace meses viene solicitando el traslado sin obtener una respuesta favorable. Asegura además que, luego de atravesar situaciones de violencia en el ámbito personal, su situación repercutió en su desempeño laboral y derivó en episodios de persecución y violencia psicológica. El efectivo manifestó que durante el último año ha vivido bajo una situación de temor y vulnerabilidad, y que recibió atención psiquiátrica. También señaló dificultades para acceder a una adecuada contención psicológica y describió episodios de extrema precariedad personal y económica. De acuerdo con su propio testimonio, el 30 de junio fue enviado a su domicilio y posteriormente entregó su arma de reglamento. Reclamo por asistencia y garantías La difusión de los videos generó una importante repercusión en redes sociales y motivó pronunciamientos de organizaciones vinculadas al ámbito policial, entre ellas el Sindicato de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR), que reclamó garantías de seguridad y asistencia para el funcionario. Molina sostiene además que cuenta con mensajes y documentación que respaldarían las situaciones denunciadas. Las acusaciones involucran a una superior jerárquica y a integrantes de la estructura policial, por lo que los hechos deberán ser analizados por las autoridades competentes mediante los procedimientos administrativos correspondientes, garantizando el debido proceso y la investigación de cada una de las situaciones planteadas. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento público específico del Ministerio del Interior sobre el contenido de los videos difundidos por el efectivo. El caso vuelve a poner en el centro de la discusión la situación de la salud mental y los mecanismos de asistencia y protección para los funcionarios policiales que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. Cabe señalar que las denuncias difundidas corresponden al testimonio público del propio funcionario y que las responsabilidades deberán determinarse a partir de las investigaciones y actuaciones institucionales correspondientes.
