El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) analizará la posibilidad de aumentar el control sobre los gastos y partidas que manejan las 19 juntas departamentales del país, a partir de una denuncia presentada tras el caso del edil de Montevideo Gonzalo Gómez.
El organismo, presidido por Francisco Gallinal, estudiará los pasos a seguir y podría solicitar previamente un informe de su División Jurídica. El TCR tiene competencia para intervenir sobre los gastos de los legislativos departamentales, aunque no posee potestad sancionatoria.
La denuncia solicita revisar en todo el país la utilización de recursos públicos destinados a ediles, asesores, secretarios y funcionarios, especialmente aquellas partidas vinculadas a tareas de asesoramiento y secretaría.
El criterio habitual del Tribunal considera como gastos inherentes a la función aquellos destinados a alimentación, alojamiento y traslados vinculados a la actividad de los ediles. En cambio, existen antecedentes de observaciones a partidas destinadas a secretaría, asesoramiento y servicios similares.
El caso de Cerro Largo
La discusión también alcanza a la Junta Departamental de Cerro Largo, que cuenta con una Comisión de Hacienda y Presupuesto encargada del análisis de los aspectos económicos y presupuestales del organismo.
En mayo pasado, la Junta analizó su presupuesto para el período 2026-2030, con una previsión de $156 millones para 2026 y una proyección de $640 millones para el período 2027-2030, a valores de 2026. El proyecto fue posteriormente aprobado por el Legislativo departamental.
Además, existen antecedentes recientes de intervención del Tribunal de Cuentas sobre asuntos vinculados al gobierno departamental de Cerro Largo. En agosto, la Junta resolvió no aceptar ocho observaciones formuladas por el TCR al presupuesto quinquenal de la Intendencia y remitió el tema a las instancias correspondientes.
La actual discusión sobre el control de las partidas de las juntas departamentales no implica que existan irregularidades en la Junta de Cerro Largo