Montevideo, 17 de junio de 2025 – El caso Conexión Ganadera avanza hacia la formalización de sus principales responsables —Pablo Carrasco, su esposa Ana Iedwiukow y Daniela Cabral— por parte del fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez . Sin embargo, defensores de los damnificados alertan que la tipificación de este delito podría complicar el reclamo de los inversores por el decomiso de bienes.
Los abogados Fernando Posada y Andrea Ramírez señalaron que, si se condena por lavado de activos, la ley Antilavado (N° 19 574) exige el decomiso de los bienes ilícitos y su decisión queda a la Junta Nacional de Drogas. El artículo 58 de la norma establece que, si esos bienes pertenecen a terceros, deben ser devueltos a su titular.
Esto genera dudas sobre quién y cómo reclamar frente a las autoridades: si cada damnificado deberá presentarse individualmente o si existe otro mecanismo.
Según los abogados, lo ideal sería que el síndico —Alfredo Ciavattone— se presente en representación de los más de 4.000 inversores y reclame los bienes decomisados, integrándolos al concurso de acreedores. La Ley de Concursos indica que el síndico administra el patrimonio y representa a los acreedores.
Sin embargo, la normativa no es clara respecto a si el síndico está habilitado para actuar en causas penales, lo cual podría obligar a cada inversor a reclamar por separado: “si deben comparecer todos… es como pegarse un tiro en el pie”, advirtió Posada.
También podría formarse una comisión de acreedores para actuar de manera unificada, según Posada y Ramírez.
El delito de estafa, apropiación indebida o quiebra fraudulenta, contemplados en la causa, conllevan penas leves (máximo 4 años) y podrían aplicarse medidas alternativas. En cambio, el lavado de activos tiene penas de 2 a 15 años y no admite sanciones alternativas como la prisión domiciliaria.
Los damnificados también buscan que los concursos contra la herencia de Basso y las empresas vinculadas se declaren “culpables”, ampliando el espectro para embargar patrimonios de exadministradores y terceros involucrados.
Impacto previsto y próximos pasos
El fiscal Rodríguez presentará la solicitud de formalización —incluyendo lavado de activos— en los próximos días, según fuentes judiciales.
Si se imputa el delito de lavado, se activarán los decomisos obligatorios y también el mandato de prisión preventiva.
En julio se presentará el inventario y lista de acreedores del concurso, lo que abrirá el camino para definir cómo se reclaman los activos decomisados.
La calificación penal será decisiva no solo por su severidad, sino por su impacto en la estructura del reclamo. A falta de claridad normativa, está en discusión si el síndico o una comisión pueden reclamar bienes decomisados en nombre de todos, evitando que cada uno de los 4.000 damnificados deba presentarse individualmente. El resultado definiría la viabilidad de la recuperación colectiva de los fondos desviados.