En medio del relanzamiento del proyecto para la represa de Casupá, el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, lanzó una advertencia directa a los técnicos del OSE y autoridades involucradas en la obra: “que no sea otro Antel Arena”. La frase, expresada en una reunión privada el pasado 16 de junio, apuntó a evitar desbordes presupuestales y errores de gestión como los registrados en la construcción del polémico complejo deportivo y cultural durante el anterior gobierno del Frente Amplio.
La declaración tuvo lugar durante un encuentro clave en la Torre Ejecutiva entre Sánchez, el presidente del OSE, Pablo Ferreri, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, previo a una instancia con el consorcio Aguas de Montevideo. Allí, el jerarca marcó la línea política del Poder Ejecutivo: Casupá debe transformarse en una obra insignia del gobierno, pero bajo criterios estrictos de eficiencia, responsabilidad fiscal y transparencia.
El proyecto original de la represa de Casupá, concebido en 2013, tenía un costo estimado de 80 millones de dólares para la construcción y otros 20 millones por concepto de expropiaciones. Sin embargo, un informe reciente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ajustó los valores: ahora se proyecta un costo de 110 millones de dólares más 20 millones en expropiaciones, totalizando unos 130 millones.
Sánchez advirtió que el gobierno no está dispuesto a tolerar una evolución descontrolada de los costos, como ocurrió con el Antel Arena, cuya inversión se multiplicó significativamente respecto a los valores originales. El complejo, inicialmente presupuestado en 40 millones de dólares, terminó costando al menos 88 millones según auditorías del Tribunal de Cuentas, e incluso se manejaron cifras de hasta 120 millones, lo que generó múltiples cuestionamientos y denuncias públicas.
Esta advertencia ocurre en el marco de la redefinición de la política hídrica nacional. El proyecto Casupá sustituye a la iniciativa “Neptuno”, impulsada por el anterior gobierno y descartada por la actual administración tras un análisis técnico y político que concluyó que no era viable. El nuevo enfoque busca garantizar el abastecimiento de agua potable a Montevideo y el área metropolitana con una solución de largo plazo, segura y financieramente sustentable.
La postura de Sánchez deja en evidencia la intención del gobierno de mantener un férreo control sobre la ejecución de obras de infraestructura pública, evitando sobrecostos, desvíos de planificación y controversias que puedan empañar su gestión. En un contexto de alta sensibilidad fiscal, Casupá deberá consolidarse como un ejemplo de obra eficiente, con rendición de cuentas clara y resultados concretos.