Casi la mitad de las infracciones detectadas en rutas nacionales no pueden ser sancionadas en Uruguay debido a problemas con la identificación de los vehículos. Así lo informó el Ministerio de Transporte ante el Parlamento, al advertir que un alto número de matrículas adulteradas, tapadas o inexistentes impide aplicar multas.
Según datos oficiales correspondientes a 2025, se registraron 684.375 incidentes sancionables en la red vial. Tras el proceso de depuración, se aplicaron unas 113 mil multas a vehículos nacionales y más de 105 mil a extranjeros. Sin embargo, unas 330 mil infracciones no pudieron concretarse, lo que representa cerca del 50% del total.
El director nacional de Vialidad, Federico Magnone, explicó en comisión parlamentaria que “no se puede identificar la matrícula, no se puede identificar el vehículo y no se puede notificar ni seguir con el proceso de multa”. Además, destacó que el 80% de los casos corresponde a motos, lo que agrava la situación en términos de control y seguridad vial.
Desde el Poder Ejecutivo se entiende que el problema trasciende lo administrativo y se convierte también en un asunto de seguridad pública, ya que quienes infringen normas pueden evitar sanciones con relativa facilidad.
En paralelo, el Ministerio del Interior planteó la necesidad de una normativa más estricta que tipifique la adulteración de matrículas como una falta en sí misma, con sanciones más severas. Actualmente, la multa por circular sin matrícula o con chapa ilegible es de 4 Unidades Reajustables (unos $7.664), un monto considerablemente menor al de infracciones como el exceso de velocidad.
Magnone advirtió que esta diferencia genera un efecto contraproducente: “Indirectamente, estamos dando un incentivo a adulterar la matrícula en vez de cumplir con la velocidad”.
Otro de los puntos señalados es la dificultad para regularizar matrículas en mal estado. Según explicó, el trámite actual resulta costoso y engorroso, ya que implica cambiar la chapa, modificar la libreta del vehículo y afrontar costos superiores a los $5.000, lo que desestimula a los usuarios a realizarlo.
Ante este escenario, el Ministerio de Transporte propuso ampliar sus competencias para poder sancionar directamente estos casos —facultad que hoy recae únicamente en la Policía Caminera— y avanzar en mecanismos que faciliten la renovación de matrículas en conjunto con el Congreso de Intendentes.
El tema se encuentra actualmente en discusión en la comisión de Hacienda integrada con Transporte de la Cámara de Diputados. Allí se analiza si incluir modificaciones en el proyecto de ley que busca reducir el monto de las multas por exceso de velocidad o avanzar en iniciativas específicas, como la presentada por el diputado Pedro Jisdonián, que propone cambios en el Código Penal.
El debate continúa abierto, en un contexto donde las autoridades buscan equilibrar control, sanción y prevención, frente a una problemática que impacta tanto en la recaudación como en la seguridad en rutas.