Durante un mitin en el barrio Modelia, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue herido por dos disparos, uno en la cabeza y otro en la pierna, por un joven de entre 14 y 15 años, quien actuó como ejecutor material, presuntamente bajo encargo
Uribe Turbay fue internado en la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde sigue en estado crítico con una “escasa respuesta” a tratamiento médico, según los últimos partes.
Su ingreso provocó la suspensión temporal de la plenaria del Senado y una reacción unánime de condena de la clase.
La Fiscalía General de Colombia, a cargo de la fiscal Luz Adriana Camargo, determinó que se trata de un ataque orquestado por una red criminal, no un hecho aislado.
Se han analizado más de 1 000 videos, efectuado 23 entrevistas y realizado un estudio balístico del arma—una Glock 9 mm comprada en Arizona en agosto de 2020—para trazar conexiones con otras organizaciones.
El presunto agresor, un menor de 14–15 años, fue capturado tras sufrir una herida de pierna. Según confesó:
“Perdón, lo hice por plata, por mi familia”.
Participó en un programa estatal, pero lo abandonó. Vivía con su tía en una zona de bajos recursos. Las autoridades lo catalogan como sicario a sueldo.
La Fiscalía avanza en la identificación de los autores intelectuales, intermediarios y la red criminal completa, para comprender cómo se realizó el encargo.
Se está investigando si hubo fallas en la seguridad del senador: el número de escoltas se redujo “de forma extraña” el día del atentado, según informes familiares y de la UNP.
El Gobierno ofreció recompensas por información: aproximadamente 3 000 millones de pesos y otros 1 000 millones con miras a reforzar la protección electoral.
El atentado generó alarma nacional: múltiples partidos suspendieron actividades, y nueve agrupaciones rechazaron la reunión oficial sobre seguridad, acusando una escalada de discursos polarizantes por parte del presidente Petro.
El atentado al precandidato Uribe Turbay expone una estrategia criminal organizada, con uso de menores sicarios, armado importado y posible complicidad dentro del aparato de seguridad. Frente a este escenario, la Fiscalía y la Policía nacional enfrentan el reto de desmantelar una red compleja e identificar a los cerebros detrás del crimen, mientras el país vive un momento de tensión y cuestionamientos sobre la seguridad política electoral.