El atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del domingo, no solo generó conmoción en la sociedad uruguaya y en el sistema judicial, sino que también abrió diferencias entre el gobierno y la oposición respecto a las estrategias a seguir.
El presidente Yamandú Orsi convocó el lunes a dos reuniones de carácter urgente en la Torre Ejecutiva. La primera incluyó a ministros y jerarcas del área de seguridad, mientras que la segunda reunió a los presidentes de los partidos políticos. El objetivo fue enviar una señal de unidad institucional frente al crimen organizado y mostrar respaldo a la máxima autoridad de Fiscalía.
En el encuentro, se ratificó el refuerzo significativo de la seguridad personal de Ferrero, medida que se había dispuesto inmediatamente después del ataque. No obstante, también surgieron matices y reproches entre oficialismo y oposición. Mientras el gobierno insistió en la necesidad de una respuesta firme y coordinada contra el narcotráfico, sectores opositores reclamaron mayor previsión y cuestionaron la capacidad de las actuales políticas de seguridad para anticipar episodios de esta magnitud.
El episodio, inédito en la historia reciente del país, dejó en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones frente al avance del crimen organizado, y al mismo tiempo, puso en primer plano el desafío de mantener un clima de cooperación política en un contexto marcado por la tensión electoral y la creciente presión social ante la inseguridad.