El Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Parlamento un anteproyecto de ley que busca modificar su Carta Orgánica para ampliar su capacidad de regulación y control sobre entidades que, sin emitir valores, convoquen públicamente a la inversión ofreciendo rentabilidad administrada por un tercero. La iniciativa surge tras casos como Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte, que dejaron a miles de ahorristas desprotegidos.
La propuesta introduce un nuevo perímetro regulatorio que permitirá a la Superintendencia de Servicios Financieros actuar sobre proyectos productivos que operan con fondos del público. Entre las facultades que se pretenden incorporar figuran la potestad de requerir información con el mismo alcance que la Dirección General Impositiva, realizar inspecciones sin que se pueda invocar secreto profesional, ordenar el cese de actividades irregulares, suspender campañas de captación de fondos y aplicar sanciones económicas.
El BCU plantea una regulación escalonada con umbrales que permitirán a pequeños proyectos productivos captar capital sin ingresar plenamente al mercado de valores, siempre que cumplan con requisitos de transparencia e información. Quedarán excluidas de este control las transacciones sin fines financieros, como la preventa de bienes de consumo personal.
El objetivo central, según la autoridad monetaria, es proteger al inversor, prevenir fraudes y canalizar el ahorro hacia inversiones productivas dentro del país, reforzando además las acciones de educación financiera y comunicación.