El gobierno de Brasil manifestó formalmente a Estados Unidos su negativa a que se clasifique como organizaciones terroristas al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho, dos de las principales bandas criminales del país.
La posición fue transmitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, Itamaraty, que advirtió sobre las posibles consecuencias de una medida de este tipo. Según la cartera, una eventual designación podría abrir la puerta a escenarios de injerencia externa en asuntos internos, algo que Brasil busca evitar.
Desde la diplomacia brasileña se sostiene que, si bien se trata de organizaciones con fuerte presencia en el crimen organizado —particularmente en el narcotráfico y la violencia urbana—, su tratamiento debe mantenerse dentro del marco del derecho penal y la seguridad pública, sin encuadrarlas en categorías vinculadas al terrorismo internacional.
El planteo se da en medio de discusiones en Estados Unidos sobre ampliar la lista de grupos considerados terroristas, lo que implicaría mayores herramientas legales y financieras para combatirlos, pero también podría tener implicancias en la soberanía de otros países.
Autoridades brasileñas consideran que aplicar esa calificación a grupos locales podría sentar un precedente complejo, habilitando mecanismos de acción internacional que exceden la cooperación tradicional en materia de seguridad.
En ese contexto, Brasil reafirmó su compromiso con el combate al crimen organizado, pero dejó en claro que prefiere abordar el problema con instrumentos propios, sin recurrir a categorías que, a su entender, podrían generar efectos políticos y jurídicos no deseados.