Autoridades investigan un posible vínculo con el Primer Comando Capital (PCC) en el caso del túnel descubierto en Ciudad Vieja, por el que fueron imputados varios ciudadanos brasileños, paraguayos y uruguayos. La Policía maneja información que indica que algunos de los involucrados ya habrían participado en robos de similares características en la región, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal transnacional detrás del intento de atraco.
Según se informó oficialmente, en diciembre de 2025 la Policía uruguaya recibió datos de sus pares brasileños que alertaban sobre la posibilidad de un robo a una institución financiera mediante la utilización de túneles. Esa información fue clave para profundizar una investigación que ya estaba en marcha desde setiembre, a partir de una denuncia anónima por venta de drogas en la zona de Neptunia. Con el avance de ambos expedientes, las autoridades resolvieron unificarlos al detectar conexiones entre los implicados.
“El objetivo era concretar un nuevo robo del siglo”, afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro, al referirse a la maniobra que se intentaba llevar adelante desde un local ubicado en la calle Colón, en pleno barrio Ciudad Vieja. Desde allí se comenzó a excavar un túnel que conectaba con la red de saneamiento, con el fin de acceder a una institución financiera cercana. Si bien la Policía ya tiene identificado el objetivo final, resolvió no hacerlo público; la entidad bancaria ya fue notificada.
Durante la jornada del miércoles, personal de Policía Científica y Bomberos volvió a trabajar en el lugar, realizando pericias exhaustivas tanto dentro del local como en la red de alcantarillado. Se utilizó un escáner 3D y se analizaron todos los elementos presentes, incluso objetos cotidianos, en busca de huellas u otros indicios relevantes. Bomberos debió ventilar la zona y medir los niveles de oxígeno y toxicidad del aire antes de permitir el ingreso de los investigadores, debido a la presencia de gases del saneamiento.
La investigación permitió establecer que once personas —ocho hombres y tres mujeres— estaban vinculadas entre sí. Cinco de los imputados son uruguayos, mientras que el resto son ciudadanos brasileños y paraguayos. En la audiencia judicial realizada en la víspera, dos de ellos fueron imputados por negociación de estupefacientes, y uno además por porte y tenencia de arma de fuego y municiones. Los otros nueve fueron formalizados por asociación para delinquir y hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Todos deberán cumplir 180 días de prisión preventiva.
Una de las mujeres imputadas fue señalada como la responsable de alquilar tanto el local de la calle Colón como una vivienda en El Pinar, donde fueron detenidos algunos de los sospechosos. El local funcionaba como un supuesto depósito, fachada que, según vecinos de la zona, no despertó mayores sospechas. “Escuchábamos ruidos, pero nunca pensamos que se tratara de un túnel”, relató una vecina lindera, quien recordó que una pareja concurría con frecuencia al lugar y mantenía un trato cordial con el barrio.
El director de Investigaciones, Julio Sena, confirmó que se está intercambiando información con autoridades de Argentina, Brasil y Paraguay para verificar identidades y antecedentes. “No tenemos certeza de que los documentos que portaban sean auténticos”, señaló, agregando que ya se tomaron huellas dactilares que fueron enviadas a los países de la región. Algunos de los ciudadanos brasileños cuentan con antecedentes por hechos similares, lo que alimenta la sospecha de un posible vínculo con el Primer Comando Capital.
El caso remite a antecedentes de gran impacto en el país, como el intento de robo a una sucursal del Banco República en 2016, cuando delincuentes excavaron un túnel de unos 30 metros para acceder a las bóvedas. En aquella oportunidad, el plan falló al no lograr desactivar el sistema de alarmas.
Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance real de la organización, su estructura y eventuales conexiones internacionales, mientras el caso sigue generando fuerte repercusión pública por la magnitud y planificación del intento de atraco.