Los planes apuntan a corregir situaciones del pasado, que permitían, en compras centralizadas, a una lista cerrada de pocos proveedores ofertar durante años en contratos millonarios.
La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) está abocada a poner en marcha una serie de procedimientos e innovaciones para dotar de mayor transparencia las adquisiciones y contrataciones al año que hace el sector público por unos US$ 8.000 millones.
Los planes apuntan a corregir situaciones del pasado, que permitían, en compras centralizadas, a una lista cerrada de pocos proveedores ofertar durante años en contratos millonarios y con precios que se mantenían por mucho tiempo aunque el producto bajara de valor en el mercado y ausencia de controles de calidad. Hacia el futuro la Agencia también generará innovaciones para incentivar los procedimientos competitivos, facilitar la publicación de documentación para que esté al alcance de toda la ciudadanía y permitir el cruzamiento de datos con organismos de contralor como el Tribunal de Cuentas.
En el mundo entero la contratación y compra pública están expuestas a la corrupción. Es uno de los sectores de riesgo donde el dinero de los contribuyentes puede ser desviado con cierta facilidad en pequeña o gran escala. En ese sentido, Uruguay ocupa un lugar de privilegio en los rankings internacionales por un sistema que incluye la obligatoriedad (hay organismos y rubros exceptuados) de publicar todas las convocatorias a procedimientos competitivos y todas las adjudicaciones de compra directa que superen determinado umbral, que en el caso de la Administración Central es de $ 50.200, para los Gobiernos Departamentales de $188.000 y para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados $ 250.800.
Además, desde 2015 está disponible para la ciudadanía el Observatorio de Compras Públicas. “Pero aún queda mucho para hacer”, dijo a El País Hugo Odizzio, integrante del Consejo Ejecutivo de ARCE.
En 2021 el gobierno decidió sacar del Ministerio de Economía y Finanzas la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) y la dejó bajo la órbita de ARCE. Esta unidad tiene bajo su responsabilidad la administración de los procedimientos de compra de todos los alimentos, servicios de alimentación, medicamentos y afines que consumen los organismos estatales (cárceles, Inau, hospitales, etc.). Solo en medicamentos el Estado adquiere más de US$ 100 millones al año. En productos cárnicos las compras ascienden a US$ 15 millones y en alimentos en general superan los US$ 80 millones. El sistema anterior dependiente de Economía presentaba graves disfuncionalidades.
Otro proyecto apunta a definir un sistema de evaluación positiva para los proveedores, lo que implica que ARCE extienda su tarea más allá de la adjudicación y también sea informada de la ejecución del contrato. Eso permitirá crear una especie de ranking de reputación de proveedores mediante criterios que trascienden el de las sanciones que se aplican por incumplimiento.