Parlamentarios y expertos analizan posibilidades. Preocupa el enorme hacinamiento en el sistema.
Disminuir la población penitenciaria, mejorar la atención a las personas privadas de libertad e invertir en infraestructura, recursos humanos, seguridad y, sobre todo, desarrollar políticas postpenitenciarias.
Estos serán los principales lineamientos que tratará el “libro blanco”, un documento que aborda los lineamientos estratégicos hacia dónde orientar la reforma del sistema penitenciario, un tema incluido en la Ley de Urgente Consideración (LUC), en su artículo 87, que resume los objetivos y establece un marco legal claro para la implementación de estos cambios.
Los avances fueron adelantados el pasado jueves 1° de agosto, durante una sesión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General del Poder Legislativo, por el coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas, Diego Sanjurjo, y la responsable del estudio Ana Vigna, especialista en materia carcelaria.
Según explicó a El País el senador blanco Carlos Camy, presidente de la citada comisión, este documento estará listo “antes que culmine este gobierno” y será un marco para trabajar la temática a corto, mediano y largo plazo. “La expectativa es que se culmine en este gobierno y sentará las bases de una política que tiene que ser de Estado”, aclaró.
Para la diputada del Frente Amplio Lucía Etcheverry, integrante de la comisión, esta presentación demostró que “el punitivismo no es la solución”.
“Tenemos cárceles superpobladas, sobre todo de jóvenes. Y muchas veces con delitos leves. Casi el 60% son delitos leves”, comentó.
El alto hacinamiento es uno de los grandes problemas de Uruguay, coincidió Vigna. Para revertir esto, durante la sesión adelantó que el documento abordará la necesidad de fortalecer las medidas alternativas a la cárcel ante un delito.
Como último punto, destacó la relevancia de generar campañas de sensibilización ciudadana para promover respuestas alternativas al problema del delito.