El diferendo entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, luego de que la empresa manifestara formalmente su intención de iniciar acciones legales contra Uruguay por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleros oceánicos.
Un abogado y un escribano contratados por la firma gallega se presentaron en la sede del Ministerio de Defensa Nacional, donde mantuvieron una reunión con la ministra Sandra Lazo. En ese encuentro notificaron a la cartera que Cardama dio instrucciones para avanzar hacia una demanda civil contra el Estado uruguayo, y confirmaron que ya fue fijada para marzo una audiencia de conciliación entre las partes, paso previo exigido por la normativa vigente.
La controversia se originó tras el anuncio realizado el 22 de octubre por el presidente Yamandú Orsi, cuando comunicó que el gobierno iniciaría el proceso de rescisión del contrato firmado en la administración anterior, que preveía la construcción y entrega de dos patrulleros oceánicos por 82 millones de euros.
Desde entonces, el caso ha generado un fuerte cruce político entre oficialismo y oposición, que incluyó una interpelación parlamentaria impulsada por el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa y principal responsable de la adjudicación durante el gobierno pasado.
Procedimiento legal y pagos en duda
De acuerdo a lo establecido en el artículo 293 del Código General del Proceso, antes de iniciar un juicio civil debe convocarse a una audiencia de conciliación, instancia que ahora quedó formalmente planteada por la empresa española.
En paralelo, tanto Lazo como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, señalaron que es altamente improbable que el Estado efectúe el pago del tercer hito del contrato, previsto tras la instalación de los motores Caterpillar en el primer buque. Según el gobierno, Cardama no estaría en condiciones de cumplir con los plazos pactados en el acuerdo firmado en diciembre de 2023.
Hasta el momento, el Estado uruguayo desembolsó 28.794.500 euros, mientras que el próximo pago estaba proyectado para enero o febrero de 2026 mediante una carta de crédito abierta en el Banco República.
Irregularidades y posibles nuevas acciones
Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que, ante un eventual incumplimiento de plazos, el contrato “caería” automáticamente. A esto se suma la constatación de que la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa era apócrifa, emitida por una firma considerada “fantasma o de papel” (Eurocommerce), lo que derivó en una denuncia penal actualmente en investigación por la Fiscalía.
Además de las acusaciones por presunto fraude, el gobierno cuestionó la capacidad técnica y operativa del astillero para construir patrulleros oceánicos aptos para custodiar el mar territorial uruguayo, señalando atrasos en el ensamblaje del acero del primer buque y reiteradas irregularidades administrativas.
En este contexto, la bancada del Frente Amplio evalúa impulsar una comisión investigadora una vez finalizado el receso parlamentario.
Postura de la empresa
El propietario del astillero, Mario Cardama, tras realizar declaraciones públicas en las que afirmó haber sido también víctima de una estafa, optó luego por el silencio. Un intento de mediación, en el que la empresa fue representada por el excanciller Gonzalo Fernández, no prosperó al no haber acuerdo sobre las condiciones planteadas.
En su último comunicado oficial, difundido el 26 de octubre, Cardama llamó al diálogo para “encauzar el proyecto”, aunque advirtió que, en ausencia de una solución, se reservaba el derecho de iniciar acciones legales para defender lo que considera sus legítimos derechos e intereses.