El exsenador frenteamplista Charles Carrera presentó denuncias ante organismos internacionales por lo que considera una serie de irregularidades cometidas por la Fiscalía General de la Nación en su contra. Según sostuvo, se han vulnerado principios fundamentales del debido proceso y se utilizaron mecanismos discrecionales de traslados fiscales con fines políticos.
Carrera elevó una comunicación formal ante la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, en la que asegura que su caso penal ha sido utilizado como represalia por haber denunciado presuntas irregularidades en contrataciones estatales. En la misma línea, acusó al Ministerio Público de emplear traslados de fiscales como herramientas de premio o castigo en función de afinidades políticas.
“La Fiscalía uruguaya ha operado bajo criterios arbitrarios, debilitando la imparcialidad del sistema y comprometiendo las garantías procesales mínimas”, indica el documento presentado. En este sentido, solicita que Uruguay sea exhortado a revisar su normativa interna y a garantizar los estándares internacionales de independencia judicial.
En paralelo, Carrera amplió su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta vez vinculada al caso de espionaje ilegal en su contra en el marco de la causa Astesiano. Según el exlegislador, la Fiscalía actuó con negligencia al no investigar adecuadamente a los autores intelectuales del espionaje, limitando la pesquisa a aspectos superficiales y dejando en la impunidad a posibles responsables de alto nivel.
Apunta directamente a la fiscal Gabriela Fossati, quien lideró la investigación, por haber acordado un trato con el principal acusado sin profundizar en la cadena de responsabilidades. “Se violaron derechos fundamentales como la privacidad y el acceso efectivo a la justicia”, expresó.
Ambas presentaciones se sustentan en principios establecidos en tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que exigen garantías como la imparcialidad, la transparencia y el acceso real a una defensa justa.
El caso plantea un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el Frente Amplio y el Ministerio Público, y podría tener repercusiones institucionales si los organismos internacionales admiten las denuncias y solicitan explicaciones al Estado uruguayo. Carrera, por su parte, reafirma que seguirá su defensa en todos los planos posibles, mientras denuncia lo que considera una clara maniobra de persecución política.