El abogado Ignacio Durán, representante de más de 200 inversores afectados por el colapso de Conexión Ganadera, ha ampliado la denuncia penal contra Agustina Basso, hija del fallecido fundador de la empresa, Gustavo Basso, y su esposo, Alfredo Rava. Esta acción se debe a la reciente venta de un inmueble en Florida por aproximadamente US$ 100.000 y de ganado por alrededor de US$ 150.000 a un reconocido frigorífico.
Conexión Ganadera, fundada en 1999 por Gustavo Basso y Pablo Carrasco, se dedicaba a ofrecer inversiones en actividades ganaderas. En 2025, la empresa fue señalada por operar bajo un esquema Ponzi, afectando a cerca de 4.000 inversores y acumulando un pasivo estimado en US$ 250 millones.
La reciente venta de activos por parte de Agustina Basso y Alfredo Rava ha generado preocupación entre los inversores, quienes temen que estas transacciones dificulten la recuperación de los fondos invertidos. Durán sostiene que estas acciones podrían constituir una maniobra para eludir responsabilidades y proteger bienes de posibles embargos judiciales.
Además, la Intendencia de Florida emitió recientemente una libreta de propiedad vehicular a nombre de Gustavo Basso, cuatro meses después de su fallecimiento. Este hecho ha generado interrogantes sobre la gestión de los bienes de Basso y ha sido objeto de un pedido de informes por parte del edil frenteamplista Fabián González.
Las investigaciones en torno a Conexión Ganadera continúan, con múltiples denuncias y solicitudes de embargo de bienes personales de los implicados. La Justicia ha ampliado embargos por US$ 250 millones a las hijas de Gustavo Basso, en un esfuerzo por asegurar activos que puedan resarcir a los inversores afectados.
Este caso sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades correspondientes y establezcan medidas para proteger los intereses de los damnificados.