La Cámara Federal de Corrientes liberó a siete procesados por obstaculizar la investigación en el caso de Loan Danilo Peña.
Los imputados en el caso Loan Danilo Peña fueron procesados por la jueza Cristina Pozzer Penzo por delitos como privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. Además, algunos de ellos enfrentan cargos por usurpación de título. Se sospecha que los acusados, desde un hotel en la localidad de 9 de Julio, intentaron manipular a menores y testigos involucrados en la desaparición del niño, con el objetivo de alterar sus declaraciones y entorpecer la investigación.
La Cámara Federal de Corrientes decidió excarcelar a siete de los diez imputados que habían sido detenidos. Los jueces Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo consideraron la apelación presentada por los defensores y optaron por liberar a los acusados bajo ciertas condiciones. Estas incluyen la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, la prohibición de salir del país y la retención de sus pasaportes. Además, se les impide comunicarse con menores involucrados en la causa o referirse a ellos en medios de comunicación.
La jueza Pozzer Penzo considera que los acusados cometieron actos que afectaron la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña. Entre las acusaciones destaca que los imputados intentaron influir en los testimonios de testigos clave y menores mediante “entrenamiento” o “coucheo” para manipular sus declaraciones. Esto, según la jueza, dificultó la recolección de pruebas y obstaculizó la búsqueda de la verdad en el caso. A raíz de estas acciones, los acusados enfrentan cargos graves que siguen siendo investigados.
El enfoque principal ahora está en esclarecer las acciones que ocurrieron el 13 de junio en el paraje El Algarrobal y determinar si las acusaciones de manipulación de testimonios tienen fundamento. La justicia deberá continuar investigando la participación de los imputados, incluyendo a aquellos que no fueron excarcelados, y evaluar el impacto de sus acciones en el avance del caso.
La situación de los menores involucrados y de los testigos sigue siendo delicada, por lo que las autoridades han establecido controles estrictos sobre las comunicaciones y declaraciones públicas relacionadas con el caso. La Cámara Federal de Corrientes seguirá monitoreando el cumplimiento de las condiciones impuestas a los excarcelados y evaluando la evolución del proceso judicial.