La investigación administrativa iniciada en Cancillería sobre la destrucción de un documento vinculado al caso Marset llegó a su fin y será remitida a la Fiscalía especializada en delitos económicos. El proceso, instruido por la abogada de Presidencia Victoria Sasso, buscó determinar responsabilidades dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores tras la desaparición del protocolo que contenía un chat entre los exsubsecretarios Carolina Ache (Cancillería) y Guillermo Maciel (Interior), donde se advertía que Sebastián Marset era “un narco peligroso”.
El rol de Cancillería y Presidencia
El procedimiento se resolvió mediante una resolución ministerial de carácter reservado firmada por el canciller Mario Lubetkin el 5 de mayo. La investigación fue instruida por Sasso, designada a pedido de Presidencia bajo el argumento de que no correspondía que un abogado del propio ministerio indagara sobre hechos ocurridos en Jurídica.
Desde Cancillería se confirmó que el informe está concluido y que este viernes se enviará una copia a la Fiscalía.
Prioridades de la Fiscalía
Consultadas fuentes de la sede a cargo del fiscal Alejandro Machado y sus adjuntos, se informó que la indagatoria sobre Marset no es la prioridad inmediata. La Fiscalía se encuentra abocada actualmente al caso República Ganadera, además de las causas Larrarte y la compra de la estancia María Dolores, por lo que no hay citaciones previstas a corto plazo vinculadas al caso Marset.
El trasfondo del caso
En octubre de 2023, Ache había denunciado en Fiscalía que desde Presidencia y Cancillería se intentó ocultar que se sabía de la peligrosidad de Marset. Señaló además que el entonces asesor presidencial Roberto Lafluf le pidió borrar los chats con Maciel y posteriormente destruyó un documento entregado en Relaciones Exteriores.
Según su testimonio, la presión se dio en una reunión en Torre Ejecutiva el 25 de noviembre de 2022. Ache sostuvo que se negó porque sería “cometer un delito”, a lo que Lafluf respondió solicitando que entregara nuevamente el protocolo ya destruido.
La investigación administrativa se centró en determinar cómo el documento pasó del Ministerio a manos de Presidencia y quiénes facilitaron esa entrega.
Indagados y posibles citaciones
Los indagados en esta causa son el excanciller Francisco Bustillo, el exsubsecretario Guillermo Maciel, Roberto Lafluf y el exjefe de Jurídica de Cancillería Carlos Mata. No se descarta que, en función de lo que surja en la indagatoria, pueda ser citado incluso el expresidente Luis Lacalle Pou.
En setiembre de 2024, Machado había archivado la causa sobre la entrega del pasaporte a Marset, concluyendo que aunque los exministros Luis Alberto Heber y Bustillo faltaron a la verdad y ocultaron información en el Parlamento, esa conducta quedaba fuera del alcance penal.
Próximos pasos
Aunque la investigación administrativa ya está cerrada, su impacto en la causa penal será limitado, dado que una falta administrativa no necesariamente constituye un delito. Sin embargo, la Fiscalía podrá servirse de los testimonios y pruebas reunidas para continuar con la indagatoria sobre un caso que sigue sacudiendo la institucionalidad uruguaya y mantiene bajo la lupa el accionar de altas autoridades del Estado.