Los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, presentaron escritos a la Fiscalía sobre el asunto; la fiscal subrrogante anexó el planteo a la investigación interna sobre las filtraciones.
La jueza Vargas respondió a los dos abogados penalistas que no tenía ninguna responsabilidad sobre el asunto, porque el teléfono celular del exparlamentario no se encontraba bajo la custodia del Poder Judicial, y agregó que era la Policía la encargada de la seguridad del aparato.
Poco después, el 23 de mayo de este año, se hicieron públicas filtraciones del celular de Penadés donde se conocieron chats en los que el entonces presidente del Directorio blanco, Pablo Iturralde, conversó con el exsenador nacionalista acerca del eventual beneficio que podría significar que la causa la tomara la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, tal como sucedió. Horas más tarde de conocerse la existencia de los chats, Iturralde renunció a su cargo en el directorio blanco y Ghione negó cualquier conversación con el dirigente nacionalista.
Ese mismo 23 de mayo, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dispuso una investigación administrativa, de carácter urgente, sobre la filtración de los chats entre Iturralde y Penadés tras una nota que presentó el expresidente del directorio nacionalista.
Luego de hablar con la jueza Vargas, Guerrero y Robatto presentaron otro escrito ante Ferrero y solicitaron que se investigaran contactos realizados con el celular de Penadés, que debería estar encriptado y apagado.