La causa por delitos sexuales contra menores suma nuevas víctimas, una nueva fiscal y una investigación paralela por posible vulneración de la identidad de una denunciante.
El expediente judicial que involucra al exsenador Gustavo Penadés y al profesor Sebastián Mauvezín por presuntos delitos sexuales contra menores continúa avanzando hacia su etapa definitoria. La Fiscalía tiene plazo hasta el 10 de octubre para presentar la acusación formal, paso previo al juicio oral y público.
La investigación, que ya cuenta con 22 personas formalizadas, se vio momentáneamente detenida tras la salida de la fiscal Alicia Ghione, quien alegó razones de salud mental para dejar el caso. En su lugar, la Fiscal de Corte Mónica Ferrero designó a la fiscal Isabel Ithurralde, quien asumió el expediente con un perfil bajo para evitar interferencias públicas o mediáticas.
Investigación paralela por intento de vulnerar reserva
Mientras la causa principal avanza, se abrió una investigación paralela por una posible irregularidad vinculada al intento de obtener la dirección de una víctima cuya identidad está protegida. En esta línea, se indaga el papel de una comunicadora con nexos con el Partido Nacional, hecho que motivó la apertura de una nueva causa en la Fiscalía de Delitos Económicos.
Este expediente busca determinar si existió una vulneración de garantías procesales y si se incurrió en maniobras de presión o seguimiento indebido sobre testigos o denunciantes.
Nuevas víctimas y declaraciones anticipadas
Con la reincorporación de la actividad fiscal, el Ministerio Público tomó declaración a cuatro nuevas víctimas en calidad de prueba anticipada, lo que refuerza la causa en su fase final de preparación. La Fiscalía no descarta ampliar los cargos antes de formalizar la acusación.
Se espera que en las próximas semanas se concentren los esfuerzos en cerrar la etapa de recopilación probatoria, de modo de cumplir con los plazos legales y encaminar la causa hacia el juicio oral, previsto para 2026.
El caso Penadés, que sacudió al sistema político y judicial uruguayo, transita ahora una fase clave en la que convergen la búsqueda de justicia y la necesidad de preservar la integridad del proceso.