La investigación penal por el caso Portfolio Ganadero avanza con nuevas medidas dispuestas por la Justicia y el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez. En las últimas horas se decretó un embargo genérico sobre los bienes de Alejandro Berrutti y su esposa y socia, María José Argenti, además de la emisión de una alerta plateada a Interpol para rastrear posibles cuentas en el exterior y participaciones societarias.
Investigación por presunto lavado de activos
El caso se indaga bajo la figura de lavado de dinero, luego de que más de 80 denuncias penales fueran presentadas por inversores damnificados, lo que representa potencialmente a más de un centenar de personas afectadas. Berrutti habría operado a través de diferentes firmas —Byasa, Reina Vaca, Oro Rojo y Berrutti-Argenti, entre otras—, mediante las cuales ofrecía inversiones vinculadas a supuestos fondos ganaderos, prometiendo retornos semestrales del 9%.
Según informó El Observador, el fiscal Rodríguez comunicó las últimas resoluciones a un grupo de abogados que representan a las víctimas. Explicó que la investigación permanecerá reservada durante 180 días mientras se completan los informes solicitados a la Secretaría Antilavado, al Ministerio de Ganadería, a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y a otros organismos. Entre las medidas adoptadas, se ordenó el levantamiento del secreto bancario, tributario y registral para determinar quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades involucradas.
Medidas de restricción y búsqueda internacional
Rodríguez adelantó que, aunque no se pedirá la imputación antes de la feria judicial de enero, sí solicitará medidas limitativas para impedir que los indagados puedan salir del país. Además, se libró una orden de localización internacional para dos extranjeros que habrían estado asociados a Berrutti y que no han sido ubicados: el colombiano Manuel Cabrales, presidente del “Fondo Ganadero Pampas”, y el venezolano George Walter Pereira.
Ambos participaron en operaciones con Berrutti mediante un fondo que ofrecía a los inversores convertirse en accionistas a cambio de altos intereses. Sin embargo, el Banco Central del Uruguay había intimado en febrero de 2024 al “Fondo Pampas” a cesar sus actividades por no estar autorizado a realizar operaciones financieras, y se comprobó luego que la empresa había dejado de existir desde enero de ese año.
Situación concursal y prórroga judicial
En paralelo, la síndico Stella Borja solicitó una prórroga en el proceso concursal que involucra a las empresas del grupo. El juez accedió, extendiendo el plazo para la presentación del listado de acreedores e inventario de activos hasta el 17 de diciembre, y aplazando la Junta de Acreedores para el 19 de marzo de 2026.
En ese momento se resolverá si las firmas podrán continuar operando mediante un Acuerdo de Reorganización o si se procederá a la liquidación de los bienes. Actualmente existe un embargo por US$ 13 millones, aunque aún no se ha determinado el monto total del déficit patrimonial.
La abogada Graciana Abelenda, representante de varios damnificados, señaló que “en las actuales condiciones, sin contar con información completa sobre activos y deudas, es inviable cualquier propuesta de reorganización”.
Nuevas pistas sobre la actividad del empresario
Pese al avance de los procesos judiciales y concursales, en las últimas semanas surgieron informaciones que indican que Berrutti seguiría operando bajo una nueva sociedad denominada Rey Toro, con oficinas en Avenida de las Américas. Los datos fueron entregados al fiscal Rodríguez para su investigación.
Con estas medidas, la Justicia uruguaya busca asegurar bienes, evitar fugas y seguir el rastro de fondos que podrían haberse movido al exterior, mientras los inversores esperan respuestas concretas sobre la recuperación de su dinero en uno de los mayores escándalos financieros del sector ganadero de los últimos años.