La decisión del Ministerio de Defensa Nacional de ceder en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dos inmuebles de alto valor simbólico —la denominada “Cárcel del Pueblo” y el apartamento de la maestra Elena Quinteros— desató un fuerte debate entre actores políticos y referentes vinculados a los derechos humanos.
Una medida con fuerte carga simbólica
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, anunció que ambos bienes serán transferidos a la ANEP como parte de “decisiones históricas en materia de reparaciones y derechos humanos”. Según explicó, el objetivo es que los lugares “tengan vida y dinámica”, evitando transformarlos en “santuarios o motines de guerra”, pero conservando la señal de memoria que reconozca los hechos ocurridos.
En el caso del apartamento de Elena Quinteros, maestra y militante desaparecida en 1976 tras ser secuestrada por militares en la embajada de Venezuela, la ministra subrayó que la elección de la ANEP responde a que “dio la vida por la educación”. En tanto, sobre la “Cárcel del Pueblo”, Lazo aseguró que el traspaso busca mantener el inmueble bajo administración estatal, con la posibilidad de que se incorpore señalización alusiva a su valor histórico.
Discrepancias dentro de la ANEP
La medida no fue aprobada de forma unánime en el Consejo Directivo Central (Codicen). La consejera docente Daysi Iglesias votó en contra de la propuesta presentada por el presidente Pablo Caggiani, argumentando que los inmuebles “son Sitios de la Memoria y deben ser tratados como tales”.
Iglesias expresó su sorpresa ante la presentación del tema en la sesión y sostuvo que la ANEP “no tiene las condiciones para administrar esos lugares”. En su opinión, el apartamento de Quinteros debería ser cedido a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, mientras que la “Cárcel del Pueblo” podría pasar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o a la Comisión del Patrimonio Cultural.
“No es tierra, o un número de padrón, o ladrillos; es más que eso”, escribió Iglesias en sus redes sociales, remarcando el carácter histórico y emocional que los sitios representan para la memoria nacional.
Pedido de informes y cuestionamientos políticos
El diputado colorado Felipe Schipani anunció la presentación de un pedido de informes dirigido al Ministerio de Defensa para aclarar los fundamentos del traspaso.
Schipani recordó que la “Cárcel del Pueblo” fue un centro clandestino de reclusión del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), donde personas secuestradas fueron privadas de su libertad y sometidas a torturas, y posteriormente, durante la dictadura, utilizada por las Fuerzas Conjuntas para detenciones ilegales.
El legislador considera que se trata de un sitio de “altísimo valor histórico y simbólico”, y cuestionó los criterios que llevaron a optar por la ANEP en lugar de organismos más directamente vinculados con la memoria, como el MEC, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) o la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Además, preguntó si el acuerdo incluirá condiciones de uso y restitución, si se prevé la instalación de placas o señalización con valor museístico, y si fueron consultadas víctimas o familiares de personas afectadas por los hechos ocurridos en esos lugares.
Contexto histórico y antecedentes
El sitio “Cárcel del Pueblo”, ubicado en Montevideo, fue descubierto por las Fuerzas Conjuntas en mayo de 1972, tras haber sido utilizado por el MLN-T para mantener secuestrados a varios ciudadanos, entre ellos políticos y empresarios. Durante la dictadura, el mismo lugar pasó a ser un centro de detención y torturas clandestino.
En abril de 2022, el entonces ministro de Defensa Javier García dispuso abrir el sitio al público, medida que también generó polémica. Ahora, el nuevo traspaso a la ANEP reaviva el debate sobre cómo deben gestionarse los espacios asociados a episodios de violencia política y memoria reciente.
La ministra Lazo aclaró que, aun con el cambio de administración, no se inhibirá la instalación de reseñas o marcas de memoria, aunque insistió en que los inmuebles deben tener un uso activo y educativo, y no transformarse únicamente en espacios conmemorativos.