El Tribunal de Cuentas (TCR) emitió una serie de observaciones que comprometen jurídicamente la reciente decisión del Instituto Nacional de Colonización (INC) de adquirir la estancia María Dolores, un predio de más de 4.400 hectáreas con un valor superior a los 32 millones de dólares. Según el órgano de contralor, la operación no cumple con el requisito de mayoría especial exigido por la normativa vigente.
La compra fue aprobada por tres de los cinco miembros del Directorio del INC, lo que representa mayoría simple. Sin embargo, el TCR recordó que, de acuerdo con la Ley N.º 11.029 y su artículo 146, toda adquisición directa de tierras por parte del instituto requiere el respaldo de al menos cuatro integrantes. Esta exigencia se hace aún más clara cuando se trata del ejercicio del derecho de preferencia, como en este caso, según lo ya establecido en informes jurídicos internos del propio organismo desde el año 2018.
A partir de este pronunciamiento, el TCR formuló cuatro observaciones centrales. En primer lugar, señaló que la decisión fue adoptada sin la mayoría calificada requerida. En segundo término, advirtió la falta de precisión sobre una eventual prenda vinculada al sistema de riego del establecimiento, cuyo costo no está detallado en el contrato. Además, el organismo señaló que el INC no contaba con disponibilidad presupuestal suficiente para concretar la compra y que el gasto previsto excede la asignación presupuestal anual de la institución.
Frente a estas observaciones, el Directorio del INC resolvió postergar la firma definitiva del negocio por un plazo de diez días, con el objetivo de analizar los pasos a seguir. Una de las opciones es reiterar la resolución sin modificaciones, lo que implicaría elevar el asunto al Parlamento, tal como establece el artículo 211 de la Constitución. La otra posibilidad sería ajustar el procedimiento a los requerimientos legales señalados por el TCR.
Desde la oposición, el senador Pedro Bordaberry fue uno de los primeros en advertir sobre las irregularidades, citando antecedentes jurídicos del propio INC. En tanto, desde sectores oficialistas se ha defendido la adquisición por su valor productivo y estratégico, aunque se admite la necesidad de cumplir estrictamente con el marco legal para evitar la nulidad de la operación.
El caso ha reactivado el debate sobre la gobernanza del Instituto de Colonización, el alcance de sus atribuciones y la transparencia en el manejo de fondos públicos destinados a la compra de tierras. Las decisiones que adopte el Directorio en los próximos días podrían derivar en un nuevo capítulo parlamentario si finalmente se decide avanzar con la compra bajo observación.