La jueza María Noel Odriozola condenó a 12 años de cárcel a Moisés Martínez por el homicidio de su padre, al entender que no se configuraban las condiciones para aplicar el “perdón legal”, pese a los antecedentes de abusos denunciados por la familia. Durante la audiencia, la magistrada explicó que impuso una pena cercana al mínimo legal, pero demostró probado que el acusado actuó con “dolo homicida”, es decir, con intención de matar. Por ese motivo, descartó la posibilidad de eximirlo de prisión. El caso se remonta a mayo de 2025, cuando Martínez viajó desde Paysandú a Montevideo tras conocer, a través de su madre y hermanas, detalles sobre abusos y torturas sufridas durante años en el ámbito familiar. Según la defensa, ese contexto generó un estado de “intensa conmoción” en el imputado. Sin embargo, la Justicia entendió que no existía una situación de peligro actual que justificara el crimen. La Fiscalía, representada por Sabrina Flores, había solicitado una pena de 18 años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por Marcos Prieto, pedía la absolución. En su fallo, Odriozola señaló que los testimonios sobre los abusos fueron valorados como parte de la historia familiar, pero no resultaron suficientes para eximir de responsabilidad penal. Indicó además que los hechos denunciados eran de larga data —anteriores a 2010— y que no se registraron denuncias recientes ni solicitudes de protección al Estado, un requisito clave para aplicar el “perdón legal” según la normativa vigente. La jueza concluyó que Martínez se dirigió al domicilio de su padre con la intención de matarlo, lo que quedó evidenciado en la forma en que se produjo el ataque. Tras conocerse la sentencia, los familiares del condenado expresaron su rechazo al fallo. Su hermana sostuvo que la decisión judicial no contempló adecuadamente las dinámicas de abuso intrafamiliar y cuestionó la exigencia de denuncias reiteradas para validar el contexto de violencia. El caso generó fuerte impacto y reabre el debate sobre los límites del “perdón legal” en situaciones atravesadas por violencia familiar prolongada y las respuestas del sistema judicial ante este tipo de antecedentes.
Condena a Moisés Martínez: la Justicia descartó el “perdón legal” y fijó 12 años de prisión La jueza María Noel Odriozola condenó a 12 años de cárcel a Moisés Martínez por el homicidio de su padre, al entender que no se configuraban las condiciones para aplicar el “perdón legal”, pese a los antecedentes de abusos denunciados por la familia. Durante la audiencia, la magistrada explicó que impuso una pena cercana al mínimo legal, pero consideró probado que el acusado actuó con “dolo homicida”, es decir, con intención de matar. Por ese motivo, descartó la posibilidad de eximirlo de prisión. El caso se remonta a mayo de 2025, cuando Martínez viajó desde Paysandú a Montevideo tras conocer, a través de su madre y hermanas, detalles sobre abusos y torturas sufridos durante años en el ámbito familiar. Según la defensa, ese contexto generó un estado de “intensa conmoción” en el imputado. Sin embargo, la Justicia entendió que no existía una situación de peligro actual que justificara el crimen. La Fiscalía, representada por Sabrina Flores, había solicitado una pena de 18 años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por Marcos Prieto, pidió la absolución. En su fallo, Odriozola señaló que los testimonios sobre los abusos fueron valorados como parte de la historia familiar, pero no resultaron suficientes para eximir de responsabilidad penal. Indicó además que los hechos denunciados eran de larga data —anteriores a 2010— y que no se registraron denuncias recientes ni solicitudes de protección al Estado, un requisito clave para aplicar el “perdón legal” según la normativa vigente. La jueza concluyó que Martínez se dirigió al domicilio de su padre con la intención de matarlo, lo que quedó evidenciado en la forma en que se produjo el ataque. Tras conocerse la sentencia, familiares del condenado expresaron su rechazo al fallo. Su hermana sostuvo que la decisión judicial no contempló adecuadamente las dinámicas de abuso intrafamiliar y cuestionó la exigencia de denuncias reiteradas para validar el contexto de violencia. El caso generó fuerte impacto y reabre el debate sobre los límites del “perdón legal” en situaciones atravesadas por violencia familiar prolongada y las respuestas del sistema judicial ante este tipo de antecedentes.
