La Justicia uruguaya condenó a 30 años de prisión a cuatro reclusos responsables de provocar un incendio en una celda del Módulo 4 del exComcar, hecho que terminó con la muerte de seis presos y dejó a otros dos sobrevivientes.
La decisión fue adoptada por la jueza Laura Sunhary, quien dio lugar al planteo de la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno al considerar que durante el juicio se probó que los acusados actuaron con crueldad y con clara intención de provocar la muerte de las víctimas.
Según expresó la magistrada durante la lectura de la sentencia, los atacantes tomaron por sorpresa a ocho reclusos que descansaban en su celda y los incendiaron sabiendo que no tenían posibilidades de escapar.
El origen del conflicto
De acuerdo con la investigación fiscal, el ataque ocurrió el 28 de diciembre de 2023 y habría tenido su origen en una discusión previa dentro del establecimiento carcelario.
Uno de los acusados había increpado a Carlos Olivera, una de las víctimas, al acusarlo de haber enviado una solicitud de amistad en Facebook a su pareja.
Según el testimonio de uno de los sobrevivientes, el agresor lo amenazó diciendo:
“Vos le mandaste una solicitud a mi mujer, hoy de noche va a haber fuego para esa celda”.
Las víctimas no tomaron la amenaza con seriedad y continuaron con sus actividades habituales dentro de la celda.
El ataque en la noche
Horas después, durante la noche, los atacantes regresaron a la celda donde se encontraban los ocho reclusos.
Según los testimonios recogidos en el juicio, los rociaron con nafta a través de una ventana conocida entre los presos como “ventilador” y arrojaron lanzas improvisadas con fuego en la punta, fabricadas con elementos carcelarios.
El fuego rápidamente se extendió por los colchones que estaban colgados del techo, mientras que la puerta de la celda estaba trancada, lo que dejó a los reclusos sin posibilidad de escapar.
Ante la desesperación, las víctimas intentaron refugiarse en el baño mientras esperaban ayuda.
Intento de rescate y víctimas
Reclusos de la celda 50, que advirtieron lo que ocurría, lograron abrir un boquete en la pared y por allí escaparon seis de los ocho presos que se encontraban en la celda incendiada.
Sin embargo, dos de ellos, Matías Rivero (25) y Leonel Rodríguez (24), murieron calcinados dentro del lugar.
De los seis que lograron salir, cuatro fallecieron días después como consecuencia de las graves quemaduras. Se trata de Gustavo Fernández (32), Héctor Dutra (26), Carlos Olivera (31) y Carlos Barreto (41).
Testimonios clave en el juicio
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó varios testigos reservados, debido al temor de represalias dentro del sistema carcelario.
La jueza destacó que dos de los testigos identificaron con claridad a los responsables del ataque, mientras que otros declararon haber visto salir a los agresores de la celda número 73 y escucharon comentarios sobre el plan.
Uno de los testigos relató que en el lugar había “fuego abundante” y describió la escena como “algo inhumano”, señalando que algunas víctimas tenían graves quemaduras y partes del cuerpo desprendiéndose por la intensidad del incendio.
Sunhary señaló que los testimonios fueron respaldados por informes técnicos de Bomberos, pericias policiales y análisis del laboratorio químico, lo que permitió confirmar la mecánica del ataque.
Pena máxima en Uruguay
La magistrada resolvió imponer a los cuatro acusados la pena máxima prevista por la legislación uruguaya: 30 años de prisión.
No obstante, rechazó el pedido de la Fiscalía de aplicar además 15 años adicionales de medidas de seguridad eliminativas, destinadas a delincuentes considerados especialmente peligrosos.
La jueza explicó que la peligrosidad de los acusados ya fue contemplada al momento de establecer la pena, y que no correspondía aplicar esa medida sin informes técnicos específicos.
Condiciones críticas en la cárcel
En su sentencia, la jueza también dedicó parte de su argumentación a la situación estructural del sistema carcelario, particularmente en el exComcar.
Señaló que tanto los reclusos como los funcionarios trabajan en condiciones extremadamente precarias, con un número muy reducido de personal para controlar a miles de internos.
Según expresó, durante la noche solo dos policías custodiaban a más de 800 reclusos en el módulo, lo que evidencia un sistema que funciona en un “frágil equilibrio” y que puede desbordarse en cualquier momento.
La magistrada concluyó que esta realidad impactó directamente en la respuesta ante el incendio, ocurrido en una de las zonas más conflictivas del establecimiento, conocida entre los propios presos como “el cante”, un sector caracterizado por las malas condiciones sanitarias y la alta conflictividad interna.