La Fiscalía de Delitos Económicos logró la condena de Stella Rey, exfuncionaria administrativa y jefa de departamento del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), por su participación en una maniobra de desvío de fondos públicos que superó los $ 35,6 millones y U$S 17.500.
Rey fue sentenciada a dos años y cuatro meses de prisión por los delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado de activos, luego de admitir haber realizado 193 transferencias irregulares desde las cuentas del Fosvoc hacia particulares vinculados al esquema.
Comisiones millonarias y “mulas financieras”
Según la investigación, la funcionaria cobró $ 3.950.000 en comisiones por efectuar las operaciones, bajo el control de Bruno Bertolio, entonces presidente de la Comisión Administradora del Fosvoc, quien ya había sido condenado por su participación en el caso.
Los fondos desviados fueron transferidos a las cuentas de unas diez personas que actuaban como “mulas financieras”, encargadas de retirar el dinero o reenviarlo a los principales beneficiarios. Parte del monto se destinó a Bertolio y a una “tercera persona” aún no identificada.
La fiscal adscripta Gabriela Gómez explicó que la trazabilidad del dinero se vio obstaculizada por los retiros en efectivo y la utilización de intermediarios, lo que aún dificulta determinar el destino final de los fondos.
Posibles vínculos políticos bajo revisión
Meses atrás, el fiscal titular Gilberto Rodríguez había señalado que parte del dinero podría haberse destinado al financiamiento del Partido Comunista y del Sunca, aunque aclaró que no existen pruebas concluyentes al respecto.
Consultado recientemente, Rodríguez matizó sus declaraciones: “Hasta ahora no hay evidencias, tampoco se descarta nada. Cualquier afirmación sería aventurada”.
Durante la investigación, el nombre de Daniel Diverio, actual diputado frenteamplista y expresidente del Sunca, surgió tras ser mencionado por Bertolio. Algunos documentos irregulares incluían su firma, aunque una pericia caligráfica privada concluyó que habría sido falsificada. La Fiscalía solicitará ahora una pericia oficial a Policía Científica.
Tanto Diverio como el senador Óscar Andrade, también exdirigente del sindicato, negaron cualquier implicación y fueron informados de que no están siendo investigados penalmente.
Cómo se descubrió la maniobra
Stella Rey trabajaba en el Fosvoc desde 2005 hasta enero de 2025, encargada del pago de sueldos y beneficios sociales. Según su declaración, Bertolio le propuso realizar las transferencias indebidas en 2024, aprovechando su situación económica y familiar.
Las irregularidades fueron detectadas cuando Rey viajó a Argentina por motivos de salud. Su suplente, al revisar los movimientos bancarios, notó operaciones inusuales y posteriormente recibió la orden de no continuar con las conciliaciones bancarias, lo que generó sospechas internas.
Con el dinero recibido, la funcionaria realizó diversas compras personales, incluyendo electrodomésticos, alimentos para mascotas y una computadora, según constató la Fiscalía.
Condena y pedido de prisión domiciliaria
Durante la audiencia, el abogado del Fosvoc, Óscar López Goldaracena, destacó que el fondo perdió aproximadamente un millón de dólares pertenecientes a aportes de los trabajadores y reclamó la continuidad de la investigación para imputar a los intermediarios financieros.
A Rey se le decomisaron $ 352.471, que serán entregados a la Junta Nacional de Drogas, como parte del proceso de recuperación de activos.
Pese a que la pena acordada supera los dos años y por tanto no admite excarcelación, la defensa solicitará que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria, alegando que es hija única y cuidadora de dos familiares vulnerables. El pedido será evaluado por el tribunal en las próximas semanas.
Un fondo bajo la lupa
El Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) se financia con aportes de trabajadores y empresas del sector y tiene como fin otorgar viviendas y préstamos para refacción o ampliación de hogares.
El caso generó fuerte repercusión en el ámbito sindical y político, ya que expone falencias en los controles internos del fondo y plantea la necesidad de reformas estructurales en la gestión de los recursos de los trabajadores.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación y no se descartan nuevas imputaciones vinculadas a la ruta del dinero desviado.