El Congreso Nacional de Ediles manifestó su rechazo al proyecto de ley que busca establecer concursos o sorteos obligatorios para los ingresos y ascensos en las intendencias departamentales. Ocho representantes del organismo concurrieron al Senado para expresar su desacuerdo ante la Comisión de Constitución y Legislación, argumentando que la iniciativa atenta contra la autonomía de los gobiernos locales y limita su capacidad de respuesta ante las necesidades sociales.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, pretende regular los procedimientos de incorporación de personal en los gobiernos departamentales para garantizar mayor transparencia y equidad en los nombramientos. La propuesta fue impulsada por el diputado colorado Walter Cervini.
Durante la comparecencia parlamentaria, el edil nacionalista Alejandro Silvera, coordinador del Congreso de Ediles y ex presidente de la Junta Departamental de Artigas, señaló que el proyecto “condiciona el ejercicio de las potestades de los gobiernos departamentales” y representa una injerencia del Poder Legislativo nacional en competencias constitucionalmente atribuidas a las intendencias.
En la misma línea, el edil Miguel Giménez, también de Artigas, defendió el rol social que cumplen las juntas departamentales: “Estamos coartando una posibilidad enorme que tenemos de ayudar a las personas. Nosotros llegamos a lugares como Sequeira, Yacaré y otras localidades alejadas, donde el edil es muchas veces la única referencia del Estado”.
El grupo de ediles que asistió al Senado fue mayoritariamente del Partido Nacional, aunque también hubo representantes del Partido Colorado y del Frente Amplio.
Desde el oficialismo nacional, el diputado Walter Cervini defendió la constitucionalidad de la iniciativa y sostuvo que no se pretende avasallar la autonomía departamental, sino establecer reglas claras para evitar prácticas discrecionales. “La autonomía no se garantiza con la libre contratación sin reglas. Este proyecto busca que haya igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos que quieran ingresar a trabajar en el Estado”, afirmó.
Cervini también subrayó que, de aprobarse la ley, los gobiernos departamentales deberán implementar mecanismos formales de selección, como concursos abiertos o sorteos públicos, y evitar contrataciones directas injustificadas.
Por su parte, Juan Ripoll, coordinador del Frente Amplio en el Congreso de Ediles, advirtió que el proyecto puede resultar ineficaz si no se incorporan sanciones concretas para los casos de incumplimiento. “Queremos una norma que realmente obligue a las intendencias a cumplir, y que fortalezca el rol de contralor de las juntas departamentales”, señaló.
El tratamiento del proyecto ha reavivado el debate sobre la descentralización, el clientelismo político y la necesidad de profesionalizar la función pública a nivel departamental. Mientras el oficialismo busca establecer reglas uniformes, buena parte de los ediles consideran que la normativa debilita su vínculo con la ciudadanía, especialmente en zonas del interior profundo donde el edil es muchas veces el nexo más directo con el Estado.
El Senado deberá definir en las próximas semanas si avanza con la aprobación definitiva del proyecto o si incorpora modificaciones ante los reparos planteados por los ediles.