Montevideo – La prisión preventiva volvió al centro del debate jurídico en Uruguay, luego de que varios casos de fuerte repercusión mediática renovaran las críticas hacia su aplicación sistemática. Figuras públicas como el exsenador Gustavo Penadés, imputado por delitos vinculados a explotación sexual de menores, y el empresario Pablo Carrasco, socio de Conexión Ganadera, permanecen privados de libertad sin que exista aún una condena firme, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el respeto al principio de presunción de inocencia.
La defensa de Carrasco, representada por el abogado Jorge Barrera, sostuvo durante la última audiencia judicial que la prisión preventiva debería ser una medida excepcional, tal como lo establece el Código del Proceso Penal (CPP). En su argumentación, Barrera afirmó que “no por ser un caso mediático debe sustituirse el debido proceso” y advirtió que, en la práctica, se está instalando la lógica de una “inocencia en rejas”.
El CPP prevé que la prisión preventiva puede aplicarse ante riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación o de reiteración del delito. No obstante, abogados defensores consideran que se está utilizando como una norma generalizada y no como la excepción que marca la ley, lo cual, a su juicio, desnaturaliza las garantías del sistema acusatorio.
Desde el ámbito judicial, en cambio, se justifica su aplicación en función de la protección del proceso, el resguardo de las víctimas y la necesidad de preservar la prueba, especialmente en casos que generan conmoción pública. Operadores del sistema penal sostienen que la prisión preventiva no implica prejuzgamiento, sino una herramienta procesal para asegurar el correcto desarrollo del juicio.
Este debate se da en un contexto de revisión crítica del sistema penal uruguayo, que desde 2017 opera bajo el nuevo CPP. La polémica se ha profundizado tras las reiteradas apelaciones que, en muchos casos, no logran revertir las medidas cautelares impuestas en primera instancia.
Diversos especialistas han planteado la necesidad de promover alternativas a la privación de libertad, como la vigilancia electrónica, el arresto domiciliario o restricciones de movilidad, que permitan cumplir con los fines del proceso penal sin vulnerar derechos fundamentales.
El resurgimiento de esta discusión pone en evidencia una tensión latente entre el rigor de la justicia y el respeto por las garantías constitucionales, con especial atención a los efectos que la presión mediática puede tener en decisiones judiciales. Mientras tanto, en los tribunales y en el ámbito político, crece la presión para revisar los criterios con los que se dicta la prisión preventiva en Uruguay.