El conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama, por la rescisión del contrato de construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, ha despertado una fuerte preocupación en el ámbito jurídico y político. Varios especialistas advierten que el país podría enfrentar un juicio internacional con pérdidas millonarias.
El senador, exministro y abogado Pedro Bordaberry sostuvo que “Uruguay perderá este juicio internacional” y calificó el accionar del gobierno como “un error jurídico grave”. Explicó que el contrato entre ambas partes se encontraba plenamente vigente, con las garantías aceptadas y los pagos en curso, por lo que la rescisión posterior sería “jurídicamente discutible”.
Bordaberry subrayó que “invocar el error propio como causal de rescisión vulnera el principio de buena fe contractual” y que “la aceptación de una garantía defectuosa compromete al propio Estado”. Agregó que el país debió intimar previamente a la empresa a sustituir la garantía vencida antes de declarar la rescisión, advirtiendo que “no hacerlo expone al país a un juicio millonario por daños y perjuicios”.
El legislador cuestionó además el tono político que adquirió el tema: “Se actuó con precipitación, conferencia de prensa, denuncia penal y anuncio de rescisión sin agotar las vías jurídicas previas. Parece un accionar más político que de defensa del interés nacional”.
Por su parte, el constitucionalista Eduardo Lust coincidió en que la denuncia penal contra Cardama implica una violación a principios jurídicos esenciales, entre ellos el de buena fe contractual.
En la misma línea, el abogado Pablo López Gamio advirtió que los funcionarios que impulsaron la denuncia podrían haber incurrido en abuso de funciones, figura prevista en la legislación uruguaya para sancionar a quienes, en el ejercicio de sus cargos, cometen actos arbitrarios en perjuicio del Estado o de terceros. Este delito puede implicar penas de prisión, inhabilitación y multa, además de otros cargos conexos como peculado o concusión.
El caso Cardama, que comenzó como un contrato de cooperación naval, se ha transformado en un conflicto con derivaciones diplomáticas, jurídicas y políticas, y abre la posibilidad de un nuevo litigio internacional que podría extenderse por años y tener un alto costo para el erario público uruguayo.