La inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto de un artículo que habilita a la Dirección General Impositiva (DGI) a acceder a información bancaria de los clientes continúa generando reacciones en el sistema financiero y en el ámbito político.
Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), afirmó a El País que las instituciones financieras están recibiendo consultas de sus clientes y que existe “cierto nerviosismo en el mercado”. No obstante, aclaró que hasta el momento no se registraron retiros de capitales vinculados a esta medida.
La representante de la ABPU defendió la normativa vigente y explicó que el secreto bancario no impide el acceso a datos de las cuentas, pero sí establece un procedimiento que otorga garantías: se requiere un pedido judicial y justa causa. Además, señaló que en caso de existir una solicitud, el contribuyente tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa antes de que la información sea compartida.
El planteo del Ministerio de Economía y Finanzas abre un intenso debate sobre el equilibrio entre el combate a la evasión fiscal y la preservación de la confianza en el sistema bancario. Mientras el gobierno impulsa mayores herramientas de control, desde el sector financiero se insiste en mantener un marco que combine transparencia con seguridad jurídica para los clientes.