La defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y fiscales de Estados Unidos iniciaron un canal formal de diálogo que abre la posibilidad de llegar a un acuerdo judicial para evitar un juicio en su contra.
La instancia fue habilitada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, con sede en Alexandria, donde Marset enfrenta cargos por conspiración para el lavado de activos. De acuerdo a fuentes del proceso, ambas partes buscarán explorar una salida negociada mientras avanza la revisión de pruebas.
Marset fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y trasladado ese mismo día a Estados Unidos. La acusación en su contra abarca un período de casi dos años e involucra presuntas operaciones realizadas en América del Sur y Europa, con conexiones a instituciones financieras estadounidenses. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, además de libertad supervisada y multas económicas.
El fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff solicitó que la causa sea considerada “compleja”, lo que permitiría suspender los plazos establecidos por la legislación estadounidense para la realización del juicio. Esta petición fue aceptada por el juez Rossie Alston Jr., quien además fijó una audiencia para el 20 de mayo con el objetivo de dar tiempo a las partes para analizar evidencia y avanzar en posibles negociaciones.
La investigación, según la fiscalía, incluye un volumen significativo de pruebas, como comunicaciones electrónicas en español y portugués, registros financieros y documentación proveniente de países como Bélgica, Colombia y Francia. También se manejan fuentes confidenciales cuya seguridad genera preocupación en las autoridades.
En paralelo, Estados Unidos solicitó formalmente cooperación a Uruguay y Paraguay en el marco del tratado de asistencia jurídica mutua. El pedido incluye información sobre operaciones de Marset y sus vínculos con organizaciones criminales en la región. Parte de estos datos ya fue entregada por autoridades uruguayas, mientras que otros continúan en proceso.
Desde el Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Negro, se confirmó que existen investigaciones abiertas sobre la participación de Marset en distintos hechos delictivos en Uruguay, incluyendo atentados y operaciones vinculadas al narcotráfico.
Las autoridades también analizan posibles conexiones del narcotraficante con organizaciones internacionales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil y la mafia italiana ’Ndrangheta, además de redes criminales en los Balcanes.
El caso continúa en desarrollo y se perfila como una de las investigaciones más complejas en materia de crimen organizado transnacional, con cooperación de múltiples países de la región y de Europa.
Defensa de Marset y fiscalía de EE.UU. abren negociación para evitar juicio La defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y fiscales de Estados Unidos iniciaron un canal formal de diálogo que abre la posibilidad de llegar a un acuerdo judicial para evitar un juicio en su contra. La instancia fue habilitada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, con sede en Alexandria, donde Marset enfrenta cargos por conspiración para el lavado de activos. De acuerdo a fuentes del proceso, ambas partes buscarán explorar una salida negociada mientras avanza la revisión de pruebas. Marset fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y trasladado ese mismo día a Estados Unidos. La acusación en su contra abarca un período de casi dos años e involucra presuntas operaciones realizadas en América del Sur y Europa, con conexiones a instituciones financieras estadounidenses. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, además de libertad supervisada y multas económicas. El fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff solicitó que la causa sea considerada “compleja”, lo que permitiría suspender los plazos establecidos por la legislación estadounidense para la realización del juicio. Esta petición fue aceptada por el juez Rossie Alston Jr., quien además fijó una audiencia para el 20 de mayo con el objetivo de dar tiempo a las partes para analizar evidencia y avanzar en posibles negociaciones. La investigación, según la fiscalía, incluye un volumen significativo de pruebas, como comunicaciones electrónicas en español y portugués, registros financieros y documentación proveniente de países como Bélgica, Colombia y Francia. También se manejan fuentes confidenciales cuya seguridad genera preocupación en las autoridades. En paralelo, Estados Unidos solicitó formalmente cooperación a Uruguay y Paraguay en el marco del tratado de asistencia jurídica mutua. El pedido incluye información sobre operaciones de Marset y sus vínculos con organizaciones criminales en la región. Parte de estos datos ya fue entregada por autoridades uruguayas, mientras que otros continúan en proceso. Desde el Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Negro, se confirmó que existen investigaciones abiertas sobre la participación de Marset en distintos hechos delictivos en Uruguay, incluyendo atentados y operaciones vinculadas al narcotráfico. Las autoridades también analizan posibles conexiones del narcotraficante con organizaciones internacionales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil y la mafia italiana ’Ndrangheta, además de redes criminales en los Balcanes. El caso continúa en desarrollo y se perfila como una de las investigaciones más complejas en materia de crimen organizado transnacional, con cooperación de múltiples países de la región y de Europa.
