En medio de una fuerte polémica institucional, el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) resolvió la separación del cargo de dos subdirectores del Centro Las Piedras, tras la recepción de denuncias formales que aluden a episodios de violencia y tortura hacia adolescentes privados de libertad.
La medida fue adoptada el pasado 7 de julio, en una sesión extraordinaria del directorio, luego de que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) presentara un informe en el que se documentan graves hechos ocurridos en el centro de reclusión, incluyendo prácticas como sumergir la cabeza de un adolescente en agua —una técnica asociada al “submarino”—, así como agresiones físicas, escupitajos en la boca y presunta connivencia del personal para fomentar enfrentamientos entre internos.
La decisión del directorio implicó no solo la separación de los cargos, sino también la retención de los haberes mientras se sustancia la investigación administrativa en curso. Según trascendió, ambos funcionarios desempeñaban funciones de mando intermedio y tenían responsabilidad directa sobre la operativa del centro, que alberga a unos 30 jóvenes en régimen de alta seguridad.
El informe de la Inddhh no solo detalla las situaciones de violencia, sino que también advierte sobre condiciones estructurales del establecimiento: graves deficiencias edilicias, encierros prolongados sin actividades educativas o recreativas, y una cultura institucional que, según los testimonios recogidos, ha “naturalizado” el maltrato.
En el plano político, el caso agudizó las tensiones internas dentro del Inisa. El director en representación del Frente Amplio, Eugenio Acosta, denunció obstáculos para acceder a información y cuestionó la demora en la toma de decisiones. Por su parte, el presidente del organismo, Jaime Saavedra, respaldado por la actual administración, defendió la resolución adoptada, aunque reconoció “graves falencias” en el sistema.
La situación ya generó repercusiones en el Parlamento. El diputado colorado Felipe Schipani solicitó la comparecencia de las autoridades del Inisa para que brinden explicaciones sobre el caso y la gestión institucional. Además, el presidente Yamandú Orsi ha seguido de cerca el desarrollo de los hechos, en un contexto marcado por denuncias previas de violaciones a los derechos humanos en centros de reclusión de menores.
Mientras tanto, los organismos de control y la sociedad civil demandan respuestas urgentes, medidas estructurales y garantías efectivas para que los adolescentes internados reciban un trato digno, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.