El Frente Amplio de Cerro Largo ingresó en la Junta Departamental una serie de pedidos de informes que apuntan a aclarar presuntas contrataciones irregulares vinculadas a un funcionario municipal y su empresa unipersonal.
Según la documentación a la que accedió Noticiero 12, los ediles solicitaron al presidente del cuerpo, Alejandro López, que se investigue si entre el 10 de julio de 2015 y el 25 de setiembre de 2025 existió alguna resolución de la Junta que autorizara al funcionario identificado con la cédula 3.XXX.XXX-X y al RUT 030212380011 a contratar con dependencias del Gobierno Departamental, tal como lo prevé el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515. La norma establece que los empleados municipales no pueden contratar con el municipio salvo autorización expresa de dos tercios de la Junta, bajo pena de destitución inmediata.
En un segundo pedido, los ediles se refieren a la Rendición de Cuentas 2024, donde detectaron pagos impagos por un total de $1.301.571 (en tres documentos de $327.000, $346.073 y $628.498) dirigidos a la empresa del mismo funcionario. Por ello, solicitaron que se precise:
Las compras realizadas por cualquier dependencia de la Intendencia a la empresa unipersonal del funcionario, adjuntando facturas y el detalle del mecanismo de compra utilizado.
El desempeño del funcionario, especificando períodos de vinculación con la comuna, cargos ocupados, lugares de prestación de servicios y naturaleza del vínculo.
Los ediles además recordaron el artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal, que establece la nulidad de todo acto o contrato que contravenga lo dispuesto en el artículo 41 y responsabiliza a los infractores por los perjuicios ocasionados. Por ello, pidieron que el expediente sea remitido al Intendente de Cerro Largo, a la Comisión de Legislación de la Junta y al Tribunal de Cuentas de la República para su evaluación.
La situación compromete directamente al funcionario Pablo Nicolás Gramajo Pignatta, identificado en los registros de la Dirección General Impositiva tanto con la empresa unipersonal (RUT 030212380011) como en su condición de funcionario municipal, lo que refuerza las sospechas de un posible conflicto de intereses.
El tema ya genera repercusiones políticas y se anticipa un debate intenso en la Junta Departamental sobre las responsabilidades institucionales y las consecuencias legales de estas operaciones.