Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por datos que permitan detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de las acusaciones por narcotráfico y terrorismo que enfrenta desde 2020. El anuncio fue realizado por la secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien calificó la medida como “histórica” y acusó al mandatario de utilizar organizaciones criminales extranjeras, como el cartel de Sinaloa y el denominado Cartel de los Soles, para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense.
Según Bondi, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha incautado hasta el momento 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y a su entorno, así como más de 700 millones de dólares en activos, dos aviones privados y nueve vehículos. La funcionaria sostuvo que estas operaciones criminales constituyen una de las principales fuentes de ingresos para carteles en Venezuela y México.
La recompensa, que en enero había sido fijada en 25 millones de dólares, se enmarca en la estrategia de Washington para aumentar la presión judicial y diplomática sobre el régimen venezolano. Las acusaciones contra Maduro fueron presentadas inicialmente durante el gobierno de Donald Trump y han sido ratificadas por administraciones posteriores.
Desde Caracas, el canciller Yván Gil rechazó el anuncio y lo calificó como una “burda operación de propaganda política” y una “desesperada distracción” del gobierno estadounidense. A través de un comunicado en Telegram, afirmó que la medida forma parte de un “show” y un “chiste” y que “la dignidad de la patria venezolana no está en venta”.
El incremento de la recompensa se produce en un contexto de crecientes tensiones bilaterales y refuerza la ofensiva judicial de Estados Unidos contra Maduro, en un año marcado por la continuidad de sanciones y la ausencia de avances en el diálogo político entre Washington y Caracas.