El Poder Ejecutivo tiene prácticamente finalizado el anteproyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP), elaborado por un grupo asesor que fue creado en mayo y que coordinó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. La iniciativa busca introducir cambios en el sistema de justicia penal a partir de las dificultades y experiencias recogidas en estos años de aplicación del CPP.
La resolución presidencial, firmada el 11 de abril por Yamandú Orsi, estableció que este equipo debía “sistematizar las lecciones, dificultades y propuestas planteadas por diferentes actores y organizaciones que buscan, en definitiva, mejorar a futuro el sistema de justicia en el ámbito procesal penal”.
Desde filas opositoras se cuestiona el procedimiento elegido por el gobierno, al considerar que la discusión sobre una reforma de estas características debe darse en un ámbito institucional y con la participación de todos los partidos políticos. La oposición reclama ser parte del proceso desde su fase inicial, entendiendo que el tema trasciende lo estrictamente técnico y requiere un debate político amplio.
El Ejecutivo prevé remitir el anteproyecto al Parlamento en las próximas semanas, lo que anticipa un escenario de discusión intensa entre oficialismo y oposición acerca de los alcances y la forma de llevar adelante la reforma del CPP.